un escenario en el que los poderes locales adquirieron mayor protagonismo, aunque careciendo también de los recursos como para organizar una forma eficaz de gobierno propio: El resultado fue un esquema más descentralizado que el existente antes de la guerra, pero en el que los gobiernos provinciales debieron enfrentarse a la prueba más dura de legitimidad ante la población, como es la de cobrar tributos de los gobernados (2012, pp. 129-130). Al producirse la ocupación de Lima, en los primeros días de 1881, las autoridades peruanas ya habían perdido el control de los puertos y de las aduanas, como consecuencia del triunfo chileno en la campaña naval. Además, las haciendas de la costa habían sido destruidas por las incursiones dirigidas por Lynch, y el crédito externo —como ya se ha señalado— estaba suspendido. Además, toda iniciativa económica emprendida por el gobierno o por particulares peruanos corría el riesgo de ser frenada por las autoridades de ocupación, para quienes resultaba peligroso que el país tuviera ingresos estables que pudieran ser invertidos en la guerra. Además, una situación económica estable en el Perú impediría que los chilenos pudieran imponer la paz con sus condiciones (Guerra, 1996, pp. 18-19). Entre diciembre de 1881 y julio de 1882 —etapa cubierta por los documentos que en este libro publicamos— el gobierno de Montero tuvo gravísimas dificultades para solventar los gastos de la guerra y para sostener el presupuesto a nivel estatal. Además de los problemas ya mencionados, otros factores más inmediatos conspiraban para complicar la situación: durante el gobierno de Prado —y ya con la guerra iniciada— el Congreso se había resistido a poner en práctica ajustes de emergencia propuestos por los ministros de Hacienda; se habían perdido los yacimientos de guano y salitre; coexistían diversos tipos de monedas, y la aparición del «inca de oro», durante la dictadura de Piérola, no logró su cometido de unificar los signos monetarios, por la propia inestabilidad del país; el ejército chileno había destruido muchas de las zonas productivas, había ocupado varias ciudades y había tomado las aduanas, con la consecuente desarticulación de los circuitos comerciales de importación y exportación en el Perú. Debemos también añadir algunos testimonios e indicios, recogidos por Alfonso Quiroz, sobre presuntas malversaciones de fondos públicos en el dramático contexto de la guerra; recuerda dicho autor cómo al terminar el conflicto se llevó a cabo una investigación 74
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