aportes económicos para el sostenimiento de la defensa frente a las tropas chilenas (2009, I, cap. 3); y también por diferencias políticamente irreconciliables entre la gente del lugar, como explica Bonilla: «Como ninguno de ellos tuvo una base autónoma de poder lo suficientemente sólida, el resultado fue una profunda inestabilidad» (1979, p. 10)101. 2.4.4. La Delegación y los problemas económicos y financieros Una de las responsabilidades más delicadas que tuvo la Delegación fue la financiera. En efecto, en virtud de lo dispuesto en el decreto del 24 de noviembre de 1881, Montero otorgó poderes a los delegados para que solicitaran empréstitos y plantearan contratos con el fin de obtener recursos económicos, y para que propusieran la creación de impuestos o de diversas medidas financieras para la recaudación de fondos102. Dichas funciones fueron específicamente refrendadas por el ministro de Hacienda, cuando les otorgó autorización para que pudieran realizar «operaciones financieras» con el fin de incrementar los fondos para cubrir «los gastos que demanda el servicio nacional» (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, p. 750). El cumplimiento de esta labor fue resumido en el informe que ambos delegados prepararon para Joaquín Torrico103, quien presidió la Comisión Investigadora y Calificadora de Créditos del Estado, y que se publicó en el epistolario de Manuel Candamo (2008, pp. 748-750). La situación financiera del Perú, para cuando los delegados recibieron dichas funciones, era sumamente delicada. Ellos lo plantearon explícitamente: […] el Supremo Gobierno carece actualmente de casi todas las rentas fiscales, por hallarse en posesión de ellas las autoridades chilenas; haciéndose difícil, por esta circunstancia, el sostenimiento de la administración pública. Es pues, indispensable, y esta Delegación tiene especial y reiterado encargo de Su Excelencia el Vice-Presidente, arbitrarse fondos, por todos los medios posibles, para atender, aunque sea en parte, a las exigencias del servicio [81]. Los problemas se arrastraban desde antes del inicio de la guerra. Tal como lo ha explicado Alfonso Quiroz, a fines de la década de 1870 eran cuatro los principales intereses que estaban en juego en relación con el Perú en el escenario financiero internacional: el del propio gobierno peruano, el de los tenedores de bonos extranjeros, el de la casa Dreyfus y el de la Peruvian Guano Company. La gravedad de la situación llegó al punto de que esta última empresa dejó de cubrir el servicio de la deuda externa peruana en enero de 1879, con lo cual se configuró la segunda 72
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