«regularizar la marcha de la administración pública» en el departamento de Puno [139]. Los problemas que ciertos prefectos tuvieron que enfrentar para la recaudación de fondos llegaron incluso a provocar su deposición. Este fue el caso de Piura: el 2 de junio de 1882, el prefecto, Roberto Seminario Váscones, decretó una serie de medidas para aumentar la recaudación fiscal en el departamento, con el fin de «satisfacer cumplidamente el contingente mensual que el Supremo Gobierno ha designado a este departamento»: por ejemplo, incrementó el porcentaje que debía pagarse por el ingreso de mercaderías por el puerto de Paita; y se establecieron gravámenes para determinados artículos de exportación, como el algodón, la cascarilla y el tabaco. Cinco días después, el prefecto expidió otro decreto relativo a la recaudación más eficiente de otros impuestos en el departamento. Días más tarde, un grupo de vecinos decidió su deposición alegando una situación de «desgobierno», y alzó como prefecto a Jenaro García. El nuevo prefecto dejó sin efecto las disposiciones fiscales de su predecesor (Ahumada Moreno, 1884-1891, VII, pp. 168-169). Así, pues, los intereses económicos de importantes vecinos de Piura se impusieron frente a los esfuerzos del gobierno provisorio por elevar la recaudación. En este sentido, los delegados Candamo y Elías transmitieron al prefecto de Piura la disposición establecida por el ministro de Gobierno, en el sentido de que dicha prefectura debía aportar mensualmente cuatro mil soles plata a la Delegación [270]. Hubo territorios más aislados en los que el poder estuvo plenamente en manos de las élites locales. Fue el caso, por ejemplo, de Chachapoyas, ciudad ubicada en el sector nororiental de los Andes, en una zona sin riqueza minera, con una agricultura pobre y unas actividades comerciales muy modestas. Debido a que el Estado no fue capaz de tener presencia propia allí, durante la guerra el poder —y el control de las dependencias políticas regionales— fue disputado por dos grupos familiares rivales: los La Torre y los Villacorta (Contreras, 2012, pp. 139-140). A pesar de ello, fueron constantes los esfuerzos del gobierno provisorio por unificar el territorio bajo su autoridad. Así, sabemos que se envió a un representante —J. A. Obando— a Chachapoyas, con el objetivo de buscar la adhesión de sus habitantes100. Fuera que el territorio estuviera en manos de un prefecto del gobierno de Piérola o del gobierno de García Calderón, Yábar señala que se presentaron casos de corrupción, sobre todo cuando las autoridades exigían 71
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