15 de abril de 1882, que dirigió desde Lima el moqueguano José Miguel Vélez97 al coronel Manuel Velarde, quien era comandante en jefe de las fuerzas militares de Arequipa, Puno y Moquegua. En dicha comunicación se denunciaban las pugnas de poder que se producían en Moquegua, en torno al control de la prefectura y del gobierno municipal (Castro, 2009, pp. 303-304). Dos meses antes, en febrero, Moquegua se había adherido a la autoridad del gobierno provisorio [36]. En cuanto al departamento de Puno, todo indica que, al ser tan difícil la comunicación con el gobierno, en esa jurisdicción los prefectos y los subprefectos eran los que tenían el pleno control de la situación. De allí puede entenderse el empeño de la Delegación por asegurar el nombramiento del prefecto Gregorio Miró Quesada98 [88, 89 y 127]. Si bien las tropas chilenas no llegaron hasta 1883 al departamento de Puno, esto no quiere decir que el impacto de la guerra fuera menos desolador allí que en el resto del territorio peruano. Puno participó en la guerra tanto con el envío de tropas como con la entrega de productos para su consumo. Para fines de 1881 esos esfuerzos habían generado una situación dramática, en virtud de la cual muchos indígenas habían abandonado sus tierras, y además enfermedades como el tifus y la viruela habían castigado a la población (Núñez Mendiguri, 2006, pp. 715-733). La necesidad del gobierno central por recaudar fondos ejercía presión sobre el prefecto; así, lo que en un principio había sido aporte voluntario de la población en productos de panllevar, en ganado o en armas, se fue convirtiendo en obligación, lo que desde la perspectiva de la población indígena era visto como un abuso de autoridad. A ello debía sumarse el aprovechamiento personal de parte de algunas autoridades, al reservarse para sí lo recaudado, lo cual configuraba evidentes situaciones de corrupción. En este contexto, hubo casos de sublevaciones dentro de las mismas comunidades indígenas, que no estaban dispuestas a pagar las contribuciones exigidas; en otros casos, los campesinos escondían los bienes para evitar su entrega. Hünefeldt considera que este desgaste de las relaciones entre la población y las autoridades originó un proceso de «desarraigo», lo que hizo ver a muchos que la obediencia a la ley no era «ni útil ni necesaria», e incluso llegaron a desarrollarse actitudes prochilenas (1990, pp. 151-159)99. Los delegados Candamo y Elías se refirieron a Puno en algunos de los documentos que publicamos. Así, en abril de 1882 le manifestaban al delegado del gobierno en el Sur, Camilo Carrillo, su satisfacción por las medidas que este había adoptado para 70
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