encarecían que dictase las medidas oportunas con ese fin, y que contara con la colaboración del prefecto de Huancavelica [56]. La preocupación de los delegados con respecto al desempeño de los prefectos fue permanente. Así, en febrero de 1882 le manifestaban al ministro de Gobierno su inquietud por la conducta del prefecto de Áncash, coronel José D. Coloma, quien junto con el jefe de un batallón establecido allí, coronel Juan M. Raygada, «pone en peligro el orden público en ese importante departamento» [36]91. Además, los prefectos y subprefectos debían brindar seguridad a los emisarios, a la correspondencia y a los diversos envíos que la Delegación o el gobierno realizaban a través de sus correspondientes jurisdicciones; por ejemplo, en varias ocasiones esa seguridad fue solicitada a los subprefectos de Casma y Santa [122, 133, 259 y 275], ya que precisamente Casma era un punto usual de tránsito entre Lima y Huaraz, ciudad en la que el gobierno provisorio estuvo establecido a partir de marzo de 1882. También debían recaudar fondos para el gobierno o para las tropas, tal como se pone de relieve en la carta que le dirige Cáceres —como jefe político-militar del Centro— a Guillermo Ferreyros92 al nombrarlo prefecto de Junín y al subrayarle la importancia de su función de «procurar para el Ejército la mayor cantidad de fondos que fuere posible, teniendo en cuenta la urgente necesidad de satisfacer las exigencias que su conservación demanda»93. En efecto, fueron importantes las responsabilidades económicas de los prefectos: por ejemplo, el prefecto de Piura debía poner a disposición de la Delegación cuatro mil soles plata por mes [270]. Buena parte de la población del interior del país tuvo que afrontar el paso y la eventual ocupación de sus jurisdicciones por parte de las tropas chilenas. Manrique refiere que al ocupar una población los chilenos convocaban a los vecinos para que se les leyera un bando, en el que manifestaban que su propósito solo revestía hostilidad con respecto al «enemigo armado». Ofrecían «orden y garantías» e invocaban a la entrega de todas las armas que se poseyeran. Se amenazaba con la muerte no solo a quienes tuvieran armas y no las entregaran, sino también a quienes supieran de personas armadas y no las denunciaran. Se solía efectuar un registro general, y además se solicitaba vituallas para el mantenimiento de las tropas. El registro se hacía sobre todo en las casas de los soldados y oficiales que habían formado parte de las fuerzas que combatieron en San Juan y en Miraflores (Manrique, 1981, p. 145). Los chilenos pedían cupos 66
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