enfrentaban a aquel con Vivanco: «Estoy reducido a ser desde comisario hasta prefecto, y de ranchero a comandante general». Tal como afirma Mc Evoy, este comentario es muy revelador de cómo la labor de las autoridades provinciales —manteniendo el apoyo de sus poblaciones— era fundamental para el éxito de los movimientos armados (2015, I, p. 63). Si bien las normas constitucionales establecían como atribución del Poder Ejecutivo el nombramiento de los prefectos —que eran las autoridades departamentales— y de los subprefectos —autoridades provinciales— la realidad solía discurrir por cauces distintos, considerando la debilidad de la autoridad presidencial a lo largo del siglo XIX en el Perú, frente al poder de las diversas élites regionales. Por eso, el presidente no tenía la libertad necesaria como para nombrar a los prefectos sin considerar los balances de poder en las regiones; debía ganarse a los vecinos más importantes, los cuales muchas veces se encontraban enfrentados, y establecer alianzas para tener la capacidad de controlar cualquier situación que surgiese y afectara su poder (Mücke, 1999, pp. 179-180). Estas situaciones fueron fruto de lo que Carmen Mc Evoy ha denominado «cultura de guerra» —vigente durante los tiempos de anarquía política posteriores a la Independencia, cuando los intereses particulares o de grupos se anteponían a los del país— que se prolongó durante la época de la «prosperidad falaz», basada en los ingresos provenientes de la exportación del guano. Ese «Leviatán guanero» intentó desarrollar las dos funciones primordiales que todo Estado debía desempeñar: monopolizar la violencia y proteger a los ciudadanos. No lo logró, y por eso se estableció un «sistema de prebendas», en virtud del cual «el frágil Estado peruano y su respectiva caja fiscal fueron el botín que se disputaban las diversas vanguardias militares que existían en el país» (2007, pp. 48-57). A pesar de ello, lo cierto es que durante los primeros meses del desarrollo de la Guerra del Pacífico hubo desde el interior del país una respuesta muy positiva frente a las solicitudes de apoyo económico hechas por el gobierno. Se percibía un claro afán de defensa de los intereses nacionales. Desde diversos departamentos se enviaron tropas, aportes económicos y también productos para mantener a los ejércitos que combatieron en las campañas en el sur y en Lima89. Luego de la ocupación de Lima, la defensa en el interior del país fue asumida por las autoridades provinciales, lo cual fue positivo, ya que aquellas tenían un conocimiento más preciso y concreto de las 64
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx