La extraordinaria situación del país, creada por la guerra desastrosa que hoy amenaza nuestra independencia misma, y la anarquía a que nos ha arrastrado el régimen arbitrario de la dictadura, paralizando la energía nacional, hacen urgente e imperiosa la necesidad de que la parte sensata e ilustrada de la Nación aplique su actividad y sus esfuerzos al restablecimiento del orden interior, al amparo de la Constitución, símbolo verdadero de la fuerza y de la dignidad de la República y al más fuerte lazo de unión en estos tristes momentos, en los que, sobre todas las ambiciones personales, debe levantarse la ley como la voz suprema de nuestra nacionalidad amenazada [12]. Es probable, además, que los delegados estuvieran especialmente preocupados en ese momento —diciembre de 1881—, ya que por entonces Cáceres todavía no había reconocido el gobierno de Montero, y se temía que pudiera decidirse a encabezar un gobierno propio. En las invocaciones a la formación de juntas en el interior del país, los delegados manifestaban la urgencia de «restablecer» en los departamentos «el orden constitucional», porque «así únicamente podrá salvarse la República». Para ello —señalaban los delegados—, sus integrantes al momento de formarlas deberían designar a un presidente y a un secretario, siendo el primero el encargado de las comunicaciones con la Delegación. Las formas de actuación de cada nueva junta, para llevar a cabo la misión encomendada, serían definidas por sus propios miembros [12]. Dado que el trabajo de la Delegación y de la Agencia Confidencial implicaba el mantenimiento de permanente comunicación con autoridades en el interior del país y enviados en el exterior, al igual que con diversas personas que colaboraban con ellos, un problema no menor fue el de la seguridad de las comunicaciones. Por ejemplo, no fueron pocas las ocasiones en que las autoridades chilenas interceptaron correspondencia, lo cual obligaba al envío de duplicados de las cartas u oficios, con el consiguiente retraso en las gestiones. Así, en enero de 1882 los delegados reportaban que los oficios que habían remitido a Cajamarca, al Secretario General de Estado, habían caído en manos de los chilenos en Pacasmayo, con lo cual enviaban duplicados [22]. En el mismo mes, un emisario que llevaba documentación desde Cajamarca a Lima fue apresado por las autoridades chilenas, con lo cual los delegados no pudieron recibir esos documentos, y solicitaron la remisión de duplicados [32]. Por otro lado, al parecer en ciertas ocasiones los emisarios no eran del todo fiables. Por ejemplo, en febrero de 1882 los delegados denunciaban que la correspondencia enviada por el gobierno provisorio a la Delegación, había 44
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