cambió la actitud chilena frente al gobierno provisorio, al que finalmente procuraron desconocer y eliminar. Incluso el ministro chileno Vergara llegó a afirmar que se debía desarrollar una ocupación larga, «hasta reducir al Perú al estado de decadencia más insalvable» (2009, II, pp. 125-126 y 139). Ciertamente, la rotunda negativa de García Calderón frente a una paz con cesión territorial exacerbó los ánimos de los chilenos. Por esas fechas hubo más opiniones radicales, análogas a la ya citada del ministro Vergara. Por ejemplo, en sesión del Congreso chileno del 9 de agosto de 1881, el diputado Errázuriz planteó que se destruyera la infraestructura productiva del Perú, y que se aprovecharan sus recursos hasta que se agotaran. En definitiva, se trataba de presionar económicamente al Perú, para que finalmente fuera inevitable la aceptación de la paz con cesión territorial. En esa línea, el 26 de setiembre de 1881 Lynch tomó posesión de la Caja Fiscal, nombrando como su director al chileno Bernardo Irarrázaval. Luego de ello, procedió a suprimir al gobierno provisorio, al igual que los actos ejecutivos de otros funcionarios o autoridades, salvo las municipales. Mediante una comunicación escrita, Lynch informó a García Calderón de su decisión de poner término al gobierno provisorio «que hasta aquí ha estado funcionando con nuestra tolerancia, presidido por usted». En la misma misiva se le solicitaba la entrega de toda la documentación de propiedad fiscal que estuviera en su poder (Basadre, 1983, VI, pp. 269270; Yábar, 2009, II, pp. 139-140, 293, 295-296). Mediante una carta dirigida a Lynch a fines del mismo mes de setiembre, García Calderón afirmaba que su autoridad no emanaba del gobierno de Chile, sino del voto de sus conciudadanos; y que, en ese sentido, su gobierno no podía desaparecer en virtud de una orden chilena, ni tampoco los chilenos podían confiscar documentación oficial del Perú. Argumentaba además que, por diversas actuaciones, las autoridades chilenas habían reconocido su legitimidad. No obstante, reconocía el derecho de los chilenos de impedir que su gobierno funcionara en Lima, y por eso sus oficinas estaban fuera de la ciudad (2009, II, p. 298). La firme posición de García Calderón, al igual que su reiterada negativa al logro de la paz con cesión territorial, precipitó su detención y deportación192. Establecido ya en Cajamarca como vicepresidente provisorio, Lizardo Montero procuró encontrar nuevas vías de contacto con los chilenos. Por ejemplo, luego del paso por el Perú de la misión Trescot rumbo a Chile, los delegados del gobierno en Lima —Manuel Candamo y Carlos Elías— 133
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