se entrevistaron con los diplomáticos extranjeros acreditados en la capital y trataron de hacerlo, aunque sin éxito, con los plenipotenciarios chilenos (2009, III, pp. 63-64). Según refirieron los delegados en comunicación dirigida al Secretario General de Estado, el 29 de diciembre de 1881, los representantes chilenos Novoa y Altamirano «solo deseaban hablar con nosotros como particulares y no reconocernos en nuestro carácter de Agentes Confidenciales del Gobierno Constitucional del Perú» [409]. Meses después, a finales de julio de 1882, hubo otro intento de parte de los agentes confidenciales —a través de la intervención del ministro argentino Uriburu— de reunirse con Novoa, pero nuevamente se les anunció que se les recibiría como personas particulares y no como agentes del gobierno de Montero (Bulnes, 1919, III, pp. 327-328). Por su parte, entre los chilenos empezaron a aparecer opiniones que ponían en duda la viabilidad de la ocupación de Lima y planteaban el establecimiento de las fuerzas chilenas solo en aquellos territorios peruanos cuya posesión se quisiera reclamar en las negociaciones de paz. El propio presidente Domingo Santa María manifestó su preocupación en ese sentido: entre otras cosas, temía que el ejército de veinte mil hombres, necesario para mantener la ocupación, se tornara en un problema para el propio gobierno de Chile, si se prolongaba su presencia en el Perú (Yábar, 2009, III, p. 363). Sin embargo, el historiador chileno Encina atribuyó las dificultades para lograr la paz al hecho de que las fuerzas chilenas no hubiesen ocupado la serranía del Perú luego de controlar Lima. En su opinión, ese factor había permitido que la resistencia peruana se organizara en la sierra. Si bien consideraba que esa resistencia no iba a cambiar el desenlace de la guerra, sí constituía un grave impedimento para el logro de la paz. Esta no podría ser obtenida sin contar con el apoyo de los jefes militares que resistían en la sierra (1951, XVII, pp. 572-573). En este contexto, la Agencia Confidencial, que trabajaba en Lima para obtener —entre otras cosas— el reconocimiento del gobierno de Montero por parte de las potencias extranjeras, enfrentó un panorama muy complicado. El gobierno de Chile no quiso nunca reconocerlo como legítimo gobernante del Perú, ya que no aceptaba la paz con cesión territorial. Poco antes de la llegada de la misión Trescot a Chile, el ministro chileno Balmaceda pensó que los norteamericanos podrían propiciar el establecimiento de una tregua, en virtud de la cual le fueran devueltos al Perú todos los territorios ubicados al norte del río Sama, de 134
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