La contribución personal era una imposición por cabeza a todo habitante varón entre 21 y 60 años, a razón de dos soles anuales en la sierra y cuatro soles en la costa. La diferencia con el tributo indígena vigente hasta 1854, aparte de que se trataba de montos bastante menores, es que no se cobraría únicamente a los indios, sino a todas las razas y en todas las regiones, con la excepción del departamento de Loreto, donde desde 1883 regía una situación de excepcionalidad fiscal. Sobre el papel, el impuesto de la contribución personal debía aportar más o menos la mitad de los ingresos departamentales y, en el caso de los departamentos de la sierra, unos dos tercios de ellos. Pero fue el impuesto más difícil de recaudar, pues hizo que el esquema de la descentralización fiscal quedase desfinanciado. Es curioso que una contribución como la personal, que pudo recaudarse cuando el Estado era de tipo colonial y se cobraba solo a los indios, no pudiese cobrarse en el marco de un Estado republicano, con un monto menor, bajo un régimen descentralizado (en el que la idea es que el dinero recaudado con el impuesto no va a salir de la región, sino que va a gastarse dentro de ella) y de forma universal. ¿Sería que el rey de España tuvo más legitimidad sobre los peruanos que el presidente de la república peruana, o sería que aquel cobraba látigo en mano, lo que no era políticamente aceptable en los nuevos tiempos? Lo cierto es que la recaudación efectiva las más de las veces no alcanzó a ser ni siquiera un tercio de lo presupuestado. La consecuencia del desfinanciamiento de los tesoros departamentales, en una coyuntura en la que el tesoro central carecía de los fondos para sostener el esquema de las instituciones republicanas, fue que los servicios judicial, educativo y de salud quedasen paralizados en el interior. La policía padecía escasez. Los prefectos y subprefectos seguían siendo oficiales militares, a fin de ahorrar al Estado un sueldo, pero casi sin recursos para su acción de gobierno. Fusil en mano, acompañados de los pocos policías que podían mantener, salían a cobrar las contribuciones a los campesinos, comerciantes y propietarios, para poder cobrarse de ellos sus sueldos. Fue entonces que ganaron autoridad los terratenientes, que aprovecharon el vacío de poder producido por el repliegue del Estado desde los años de la guerra. También supieron sacar partido de las leyes de desamortización de la tierra de la segunda mitad del siglo XIX, que permitían su adquisición por diversas vías, como la prescripción adquisitiva (usucapión) o el denuncio, que no implicaban un gasto monetario, sino una buena 243
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