cuenca del río madre de dios, las cuales ya han producido dos graves daños al ecosistema local: una expansiva desforestación y una continua alteración de los cauces fluviales. En ese contexto, en los últimos años, se viene considerando también el uso del derecho penal a través de la criminalización de diferentes manifestaciones de minería ilegal que incluyen el empleo de tecnología ofensiva como el uso de dragas. Refiriéndose a la potencialidad dañosa de estas últimas, se ha precisado lo siguiente: «Las dragas modifican los ciclos naturales, cambian el tipo de suelo y afectan la alimentación y la navegación» (citado por Caballero, 2016, p. 8). El marco legal que se ha diseñado para prevenir y controlar la minería ilegal está compuesto por cinco decretos legislativos: • El decreto legislativo 1100, del 18 de febrero de 2012, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias. • El decreto legislativo 1101, del 28 de febrero de 2012, que establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal. • El decreto legislativo 1102, del 28 de febrero de 2012, que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal. • El decreto legislativo 1105, del 18 de abril del 2012, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. • El decreto legislativo 1293, del 29 de diciembre de 2016, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. • El decreto legislativo 1336, del 5 de enero de 2017, que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral. La relevancia normativa de todos estos decretos legislativos es evidente y directa, ya que sus disposiciones permiten marcar los alcances y presupuestos de la criminalización de la minería ilegal. Cabe señalar, además, que el delito de minería ilegal en el Perú corresponde principalmente a procedimientos de extracción y exportación de oro. Ahora bien, el impacto económico de estas prácticas delictivas de minería ilegal también es trascendente para el país, en la medida en que se calcula que aporta alrededor de mil millones de dólares cada año; es decir, 146
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