Tahuantinsuyu no alteró los mecanismos tradicionales de los lupacas para la obtención de los recursos, tanto en la costa sur como en las tierras bajas ubicadas al este del altiplano (cf. Murra, 1964 y 1975, para una descripción de esta mecánica); en todo caso, podría afirmarse que el Tahuantinsuyu superpuso su sistema económico al de los lupacas, obteniendo sus recursos por encima y al margen de los de la población. Estas dos actitudes del estado cusqueño harían pensar que en el caso de los lupacas se distinguió el dominio político del económico; el primero requería reprogramar los patrones de asentamiento, y a ello puede deberse la propuesta imposición del abandono de los viejos lugares más altos. La segunda actitud supuso simplemente establecer un circuito de obtención de recursos por encima del lupaca65. De hecho, el caso de Cochabamba (1556) permite ver cómo el Tahuantinsuyo organizó grandes grupos de gente del altiplano, dirigiéndolos hacia la región indicada, pero el mismo documento de 1556 no contradice las afirmaciones de los lupacas, hechas entre 1567 y 1574-1575, sobre su continuo control de tierras productoras de maíz en Cochabamba, antes bien permite diferenciar las tierras «repartidas por el Inca», de las que eran de los lupacas 66 . Lo que me interesa destacar en este contexto es el nivel (el alcance y el grado) de un consentimiento del tipo del que habla Maurice Godelier. Solamente en un ámbito donde el Tahuantinsuyo ha «respetado» la organización local en un alto grado, es posible que esta organización pueda mantenerse después de la desaparición del estado cusqueño. Si las visitas posteriores a Diez de San Miguel (es decir, posteriores a 1568) como es el caso de las toledanas y de los otros documentos citados, pueden dejarnos tan clara evidencia del manejo de las «islas» ubicadas al este y al oeste del altiplano muchos años después de desaparecido el Tahuantinsuyo, es visible que la superposición del estado sobre la estructura de poder lupaca no destruyó a esta sino que le permitió subsistir. Esto sugeriría un «alto nivel» de consentimiento, a lo que habría que añadir que ello parecería conllevar un grado especial de redistribución estatal, desde que ya se ha mostrado cómo el acceso a recursos estatales en la región suponía no solamente el acceso a los depósitos, tan señalados en otros lugares, sino también a la posibilidad del reparto del ganado del Inca o del Sol, así fuera únicamente para uso ritual. Posiblemente este recurso fuera realmente una forma de explicar, dentro de la reciprocidad, nuevas obligaciones con el estado, quizás justificar cierto tipo de yanas (Murra, 1975, p. 136), quizás 79
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