La segunda experiencia fue la de Guatemala: fundada durante el periodo en que el país estuvo gobernado por Justo Rufino Barrios (1873-1885), la biblioteca se constituyó sobre la base de libros confiscados a los conventos, fondos bibliográficos pertenecientes a diversos planteles educativos y donaciones de particulares. La institución, cuya creación se justificó en 1879 para tener un espacio «a donde todos puedan concurrir a adquirir la instrucción que gusten», se distinguió desde un inicio por disponer de un valioso acervo de obras publicadas entre los siglos XV y XVIII. La colección guatemalteca se convirtió, en términos cuantitativos, en la más importante de Centroamérica por esa época: en 1897, estaba conformada por unos 19 400 volúmenes, una cifra muy superior a la del resto de sus vecinos ístmicos (Castillo López, 1995, pp. 295-296). La Biblioteca Nacional de Honduras, fundada junto con el Archivo Nacional en 1880, tenía en 1889 apenas 1949 volúmenes y 659 folletos, la mayoría procedente de contribuciones privadas e institucionales —entre los donantes figuraron el presidente Marco Aurelio Soto y la Universidad de Chile—. El número de materiales disponibles creció de manera significativa en la siguiente década, ya que en 1898 alcanzaba un total de 6158 obras, cifra que disminuyó a 4048 en 1906 y se elevó a 14 000 en 1914. Posteriormente, en el contexto de la grave inestabilidad política que afectó al país a comienzos del decenio de 1920, el fondo bibliográfico se redujo a 10 993 libros en 1926, un 21,5% menos que ocho años antes (Maldonado, 1995, pp. 309-312). La experiencia de Nicaragua se diferenció de la del resto de Centroamérica porque la Biblioteca Nacional —un proyecto cuyo origen se remonta a 1871— fue efectivamente fundada en junio de 1882 y quedó formalmente adscrita a la Presidencia de la República. El corpus bibliográfico del que disponía por entonces (4678 volúmenes) era superior al de Honduras, y la inversión total en la instalación y apertura del establecimiento —incluyendo el mobiliario— ascendió a 15 000 pesos (Halftermeyer, 1959, p. 115; Zepeda Henríquez, 1969, pp. 5-6). La institución, un bienio después, procuraba ya ampliar sus fondos documentales: en un anuncio comercial que se publicó en la Gaceta Oficial indicaba su interés en comprar «colecciones de periódicos del país de años anteriores al de 1867»37. El catálogo comprendía ya 7351 obras en 1899, pero su crecimiento en las primeras décadas del siglo XX fue afectado por la falta de financiamiento y por el terremoto de 1931 (Coloma González, 1995, pp. 367-371). 87
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