ideológico o político. El mismo buscaba evaluar si la biblioteca cumplía la función social que justificaba el subsidio. Este incluía, por lo tanto, consideraciones sobre el horario de apertura, el número de libros y lectores, el personal, la organización administrativa, la higiene del local y las actividades que la misma realizaba. Unos pocos renglones para observaciones del inspector era el único espacio en donde este podría explayarse hacia otras cuestiones. Por lo general primaba la voluntad de proteger una institución comunitaria232. La falta de inspectores propios hacía que los mismos informes fuesen esporádicos y su calidad dependiese de la buena voluntad de los funcionarios actuantes, quienes muchas veces carecían de los conocimientos técnicos para evaluar el funcionamiento de la biblioteca —por ejemplo, sus procesos de catalogación—. Por lo tanto, el intento de controlar la lectura, aunque expresado como una función fundamental de la Comisión, no tuvo durante el periodo aplicación práctica233. Esta situación se explicaba por la falta de recursos, por la misma organización de las inspecciones, así como por la falta de voluntad estatal. Los comentarios de los inspectores son reveladores de las distintas valoraciones sobre lo que era una biblioteca ideal —sobre todo en lo que concierne a las lecturas adecuadas— y del alto prestigio que la cultura letrada aún conservaba en los sectores populares234. El escaso control de la CONABIP sobre el accionar de las bibliotecas populares se advierte también en la falta de una política centralizada de adquisiciones. Esta compró todos aquellos libros que las bibliotecas pidieron sin ejercer censura o presiones, por lo que las colecciones eran tan heterogéneas como las mismas bibliotecas que las sustentaban235. Los legajos guardan las listas de libros requeridas por las bibliotecas: abundan los textos escolares pero tampoco faltan las obras de ficción de autores locales y extranjeros, entre los que se puede mencionar a modo de ejemplo las Rimas de Bécquer, Robinson Crusoe de Defoe, Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira de Payró y clásicos nacionales como los textos de Sarmiento, Alberdi y Almafuerte236. Tampoco hubo un plan para prohibir o dificultar ciertas lecturas ni tampoco para promocionarlas, y aunque es plausible sospechar que por los anaqueles de las bibliotecas populares circulaba material de propaganda peronista —una de las primeras acciones de la CONABIP luego de la Revolución libertadora fue ordenar el retiro de dicho material—, su distribución no fue promovida sistemáticamente por la Comisión. Por el contrario, eran las bibliotecas mismas las que reclamaban el envío de un ejemplar de La razón de mi vida 313
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