(Veneroni, 1995, p. 37). Cerrada en 1876 dada su incapacidad de llevar adelante sus objetivos y debido a algunos conflictos que suscitó, fue reabierta en 1908 por iniciativa del presidente José Figueroa Alcorta. Dicha reapertura significó un periodo más estable, sobre todo porque se aseguró su presupuesto al asignársele el importe de los premios de la Lotería Nacional no pagados. En 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se terminó de darle un marco legal al sancionarse un decreto que fijaba sus atribuciones y facultades. La normativa era precisa sobre el carácter regulador que debía ejercer la Comisión, cuyo objetivo era: Preocupar[se] de que los libros que se adquieran para las bibliotecas populares, además de responder a las exigencias de la cultura científica, artística y literaria, tiendan a desarrollar el sentimiento nacional y a fortificar la voluntad y el carácter, y que también deben contribuir al desarrollo de los conocimientos útiles y de aplicación práctica, consultando necesidades de las diversas regiones de la república (Decreto del 31 de marzo de 1919). El decreto hacía hincapié en la dicotomía entre libros útiles e inútiles y la lectura «buena o nociva» para las clases laboriosas. El proyecto estatal buscaba crear un sistema de bibliotecas «controlado», ligado a una concepción de la lectura conforme a la idea de utilidad social y construcción de la nacionalidad. El sistema de auspicios que propiciaba la Comisión de Bibliotecas era complejo, porque si bien las bibliotecas que ella amparaba seguían siendo instituciones comunitarias y no estatales, la ayuda oficial abría la posibilidad de un abanico de tensiones, sobre todo con respecto al grado de autonomía con que las bibliotecas podían manejarse. ¿Cómo decidir cuándo un libro era útil para una determinada comunidad? ¿Quién tenía la última palabra para definir dicho criterio y quién sabía más al respecto? ¿La comisión directiva de la biblioteca de un pueblo o los miembros de una institución cuya sede estaba a veces a miles de kilómetros? Pese a la presencia de ese rasgo potencialmente conflictivo y aun reconociendo que es muy poco lo que sabemos sobre la labor diaria de la Comisión de Bibliotecas, es plausible sospechar que esta fue más aceptada que resistida, pues el subsidio oficial era un fuerte incentivo a la hora de consentir la injerencia estatal. En 1926 la CONABIP auspiciaba 1177 bibliotecas diseminadas por todo el país. Para cuando Perón se convirtió en presidente, en 1946, esta subsidiaba aproximadamente 1500 bibliotecas224. El peronismo no solo continuó con este proyecto de difusión de la lectura que conjugaba esfuerzos privados y estatales sino que le dio nuevos 308
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