«COLECCIONANDO LIBROS»: EN EL MUNDO DE LA BIBLIOTECA Poco después del incendio que siguió al terremoto, al mismo tiempo que se trabajaba en reconstruir y reinventar la antigua Lisboa, el nuevo rey D. José I (1714-1777), junto con su poderoso ministro Pombal, se encargaron de rescatar lo que había sobrevivido al fuego y comenzaron una nueva biblioteca. A través de la compra de colecciones privadas, la apropiación de libros de algunos monasterios, la incorporación de las bibliotecas de los jesuitas —expulsados de Portugal y las colonias en 1759— y donaciones (como las de Diogo Barbosa Machado y G. Dugood), la Biblioteca Real, ahora alojada en el Palacio Ajuda, continuó creciendo, inclusive después de la muerte de D. José. Hacia finales del siglo XVIII la biblioteca estaba completamente restituida: parecía ser el principio de una nueva era. De hecho, la nueva biblioteca fue una importante vía para entender las paradojas de la ilustración portuguesa: los libros confiscados por la Inquisición fueron añadidos a la biblioteca, la cual, sin embargo, únicamente podía ser frecuentada por funcionarios y personas vinculadas a la Corte. En Portugal, la tradición de «livros ajuntados» —el coleccionismo de libros de forma privada y pública, incluyendo libros de la Inquisición— era bastante antigua. Comenzando con D. João I y siguiendo con D. Duarte y D. Afonso, dicha tradición fue creada y optimizada. De hecho, la historia de Portugal, y en particular la de sus libros, estuvo bastante condicionada por la Inquisición, la censura y la contrarreforma. Fue en 1563 que el Santo Oficio portugués determinó que los libros serían censurados, antes de ser publicados, por un funcionario religioso conocido como «calificador inquisitorial». Esto significaba que ningún libro podía circular sin aprobación previa, y el proceso empeoró con el tiempo. Hacia finales del siglo XVII, cada libro debía ser revisado por tres figuras distintas: el obispo local, un representante del Santo Oficio y un representante de la Corona, el «desembargador do Paço», una suerte de magistrado. Todos los libros considerados herejes eran confiscados y quemados. Todas las bibliotecas estaban sujetas a inspecciones obligatorias, y si un libro prohibido era encontrado en la colección de una institución, el dueño era sentenciado a muerte (Carvalho, 1999, p. 51). La Ley Pragmática y el Index Librorum Prohibitorum sellaron el destino de los libros considerados una ofensa a las ‘buenas costumbres’ (p. 71). En esa época 143
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