En 1903 la Cámara de Representantes aprobó una legislación para convertir a la San Juan Free Library en la Biblioteca Insular: sus fondos incluirían todos los libros, documentos oficiales, mapas y archivos, tanto de la asamblea legislativa como de los varios departamentos del Gobierno Insular, que no fueran necesarios para uso oficial (Legislative Assembly of Porto Rico, 1903, pp. 106-107). La legislación pretendía abarcar una serie de funciones que, si bien eran loables y necesarias, iban más allá de las posibilidades reales que el espacio físico y el presupuesto podían permitir. Por un lado, la biblioteca seguía siendo una biblioteca pública con las funciones y servicios propios de este tipo de institución. Pero, por otro, se convertía en biblioteca legislativa y en archivo general del país. Especulamos que esta concentración de funciones aprobada por la Cámara de Delegados respondió a la perspectiva de que la realidad acabaría imponiéndose y que, eventualmente, el gobierno tendría que presupuestar la creación de otras unidades de servicios de información. No fue sino hasta 1929 que el país contó con un edificio amplio para ser sede del Poder Legislativo, con su propio y único espacio para biblioteca y archivo de actas. En el caso del Archivo General, el país tuvo que esperar hasta 1955, cuando se creó por ley. La legislación que creó la Biblioteca Insular instruía a su Junta de Síndicos proveer una biblioteca circulante para los ciudadanos de San Juan. Curiosamente, esta legislación arrastró inicialmente la práctica de los antiguos gabinetes de lectura, que era recurrir a una suscripción para poder utilizar los servicios. Así se estableció una cuota de $3,00 anuales que daba acceso a los recursos circulantes para el suscriptor y su familia. El dinero producto de esta cuota tenía que ser utilizado exclusivamente para desarrollar la colección (Legislative Assembly of Porto Rico, 1903, p. 107). Posteriormente, dos o tres años después, por insistencia de Cayetano Coll y Toste, se derogó esta cuota, lo que trajo como consecuencia un aumento en el uso de la Biblioteca por parte de la ciudadanía (Diez de Andino, 1963). Hacia 1913 el progreso y la modernización de la Biblioteca Insular, la cual ya poseía más de 25 000 volúmenes, era evidente; y el establecimiento de su Colección Puertorriqueña era parte importante de la política de desarrollo de dicha institución. El impacto en la ciudadanía se hacía notar en los 4000 usuarios debidamente registrados que podían hacer uso de la sección de circulación. En solo dos años, los fondos bibliográficos habían aumentado un 38% y la cantidad de usuarios 126
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