bibliotecarios del Puerto Rico decimonónico. Ferrer Hernández destaca la existencia de cinco librerías «lujosamente montadas» en San Juan y, sobre el resto de la Isla, menciona, sin una cifra exacta, que son muchas (1885, pp. 138-39). La exitosa campaña para que se estableciera en San Juan una biblioteca pública o popular data de 1879, cuando Manuel Fernández Juncos denunciaba en su periódico El Buscapié la falta de este tipo de servicio (Fernández Juncos, 1958). A lo largo de su vida, este asturiano criado en Puerto Rico abogó para que se abrieran en Puerto Rico bibliotecas populares y centros de lectura (Carrasquillo, 1975). Su labor periodística estuvo acompañada de acciones concretas que ayudaban a materializar el deseo de los más progresistas de contar con facilidades educativas que ayudaran al desarrollo del país. Donó miles de títulos y recolectó miles más producto de donativos (Carrino, 1956). Manuel Fernández Juncos junto con el fundador del Ateneo Puertorriqueño, don Manuel Elzaburu, fueron los primeros en donar libros para establecer dicha biblioteca. Años más tarde relató la anécdota del comerciante que, a falta de libros, donó una onza de oro con la que se compraron varios, entre los cuales estaban las obras completas de quien fue el representante por excelencia de la ilustración española, Gaspar Melchor de Jovellanos. Curiosamente, el comerciante que hizo viable la adquisición de estas obras fue don Venancio Luiñas, concejal conservador del Ayuntamiento capitalino. A pesar de ello, en un periódico clerical se pidió la quema de los libros por considerarlos heréticos (Fernández Juncos, 1913). Si bien es cierto que la presión pública que ejerció Manuel Fernández Juncos jugó un papel importante, no es menos cierto que los mandatos que provenían de la Metrópolis crearían conciencia en los administradores de que al menos este tipo de servicio era un requisito a cumplir. Pero a pesar de que el espíritu liberal e ilustrado fue ganando terreno en la polémica sobre la biblioteca popular, los intentos de censura se manifestaron también en el seno del aparato político del Municipio. El liberalismo chocaba otra vez con el conservadurismo. Hubo rápidos intentos dentro del Ayuntamiento para evitar que cierta clase de libros estuviesen disponibles para el pueblo (Ferrer Hernández, 1885). Pero esta situación no se daba solo en la colonia. Al estudiar el caso de España, José A. Gómez Hernández ha señalado cómo la «tensión entre absolutismo y liberalismo se refleja en la evolución de la gestión de lectura pública, por lo que se 121
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