lectura de periódicos y otras obras «instructivas y de recreo» y donde funcionaría «una especie de tertulia» para los artesanos «en busca de solaz y entretenimiento tan necesario para el que penosas tareas ocupa todas las horas del día». Así, «adquirirían también una cultura que haría una revolución muy provechosa en sus costumbres, y les pondría al corriente de noticias que nunca deberían ignorar»51. El gabinete de lectura se constituía, así, en el imaginario de las clases pudientes liberales, tanto en España como en sus colonias, en una «tecnología» más de control social. Evidentemente, dichas clases se piensan a sí mismas como las portadoras de civilización y control sobre las clases más bajas. A través de la concesión de espacios de «ocio noble» para los artesanos, se pensaba conjurar conductas que se veían como un atentado contra la civilización y las buenas costumbres. El establecimiento del Gabinete de Lectura en San Juan se entendió como un gesto de civilización y progreso. Para ingresar a este había que realizar el pago de una suscripción. Pronto sus organizadores comenzaron a adquirir libros para la incipiente colección. La primera donación de importancia que recibió dicho establecimiento fue la del doctor Rufo Manuel Fernández, canónigo de la Catedral de San Juan. El 11 de octubre de 1843, el religioso había donado «una selecta, aunque poco voluminosa, colección de libros… con el fin de establecer… o formar, el núcleo de una Biblioteca Pública» (Coll y Toste, 1923, X, p. 62). En 1884 esta institución fue también precursora en el desarrollo de la primera colección puertorriqueña, cuando fue autorizada para reunir documentación histórica y literaria sobre la Isla. La solicitud había sido enviada al gobernador general el 31 de mayo de 1884 por Francisco de P. Acuña, quien era además socio fundador del Ateneo Puertorriqueño52. El 4 de diciembre de ese mismo año, la Real Sociedad Económica de Amigos del País notificó que Alberto Regulez53 había sido comisionado para desempeñar la labor de recoger los «datos» pertinentes. El proyecto contó con la aprobación del gobernador, quien había dado instrucciones a los alcaldes para que facilitaran la información requerida54. ¿Qué significado político o de afirmación nacional podría tener este proyecto cultural? ¿Por qué el gobierno colonial avaló el mismo? Ciertamente, esta práctica se llevaba a cabo en otras provincias españolas. Por ello, el gobierno colonial lo veía como otra prescripción más de las leyes vigentes. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que la década de 1880 fue una de gran represión contra autonomistas y 118
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