municipal corriera con los gastos hasta que fuese posible establecer el Instituto. El Ayuntamiento aceptó el trato, el cual conllevaba un gasto de unos 52 pesos mensuales para el pago del sueldo del bibliotecario, alquiler de la casa, alumbrado, un criado e imprevistos. Se contrató al señor Rafael Rodríguez como bibliotecario y se comisionó a los concejales Rafael Pujals y Juan José Mayoral para que redactaran un reglamento para la Biblioteca41. La Biblioteca tenía un extenso horario de servicio durante seis días a la semana que incluía hasta el día de Navidad. Más importante aún era que se democratizaba el servicio, ya que podía asistir a la biblioteca cualquier ciudadano que estuviese «decentemente vestido según su clase y observar en su recinto las conductas que exige la culta sociedad». La biblioteca no circulaba sus libros fuera de su local y solo el bibliotecario estaba autorizado para realizar los préstamos para uso en sala42. Entre 1874 y 1875, regresó como capitán general el despótico José Laureano Sanz, quien ya había gobernado la Isla entre 1869 y 1870. Este gobernante conservador la emprendió contra los liberales criollos43. Bajo su mandato, los ayuntamientos fueron disueltos, se restableció la censura, se prohibió la libertad de reunión y se perdieron otras reformas (Scarano, 1993, p. 515). Los maestros criollos, en su mayoría liberales, fueron sustituidos por fieles peninsulares. Sanz entendía que el germen del separatismo en América se había cuajado en los sistemas educativos criollizados (Cruz Monclova, 1970-1971, I, p. 391). Con la disolución del Ayuntamiento ponceño en 1874, la nueva administración intervino la Biblioteca Municipal. Así, el 12 de marzo de ese mismo año, el secretario del Ayuntamiento certificó que esta no cumplía su horario y que no se justificaba el gasto. La labor del bibliotecario fue cuestionada y se le solicitó un informe sobre la cantidad de usuarios que atendía44. El bibliotecario Rafael Rodríguez se defendió de los cuestionamientos del Ayuntamiento y aprovecho para señalar la falta de apoyo municipal para los gastos de alumbrado y cómo él había tenido que realizar gastos de su propio bolsillo. Sin embargo, aceptó que la concurrencia a la biblioteca era escasa45. Punto por punto, la información provista por el bibliotecario fue utilizada como parte de los alegatos que justificaban el cierre. La controversia en torno a la Biblioteca se utilizó para atacar las decisiones del pasado Ayuntamiento liberal. La objeción principal era que el 114
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