Desde que el MEF se propuso imponer el Impuesto a las Ganancias de Capital (IGC), era claro que dicho impuesto no solo no recaudaría ingresos significativos sino que —mucho más importante— obstaculizaría seriamente el desarrollo de nuestro incipiente mercado de capitales. El costo que representa y representará para las empresas peruanas un mercado de capitales ineficiente es tremendo, ya que les resta competitividad en relación con empresas que obtienen financiamiento en condiciones más favorables de sus mercados (como en Chile, Colombia o Brasil) e impide una adecuada asignación del capital disponible. Hay quienes sostienen que el IGC solo ha afectado a unos pocos especuladores bursátiles que no deberían estar libres de pagar impuestos por las ganancias que obtengan apostando en la bolsa y que el impuesto cumpliría además un rol fiscalizador tributario. La realidad es que las ganas de cobrarle impuestos a un grupo de «bolseros» afortunados o manipuladores se impusieron al análisis económico que indica claramente que los principales perjudicados no son los «especuladores» bursátiles, sino las empresas que pierden una importante fuente de financiamiento que habría que incentivar en lugar de castigar. De hecho, como se puede ver en el gráfico, los montos negociados en la bolsa ya se han reducido. Todos los análisis económicos, incluyendo el presentado por el MEF en la exposición de motivos de la propuesta original del IGC, concuerdan en que un IGC reduce la inversión y la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. A la misma conclusión llega el prestigiado académico Lawrence Summers, actual director del Consejo Económico Nacional del presidente de los Estados Unidos, exrector de la Universidad de Harvard y exsecretario del Tesoro de los EE.UU., en el documento Taxation and Corporate Investment. El IGC en bolsa es antitécnico pues grava dos o más veces la misma fuente de renta. El valor de las empresas en la bolsa depende de las utilidades que se espera generen en el futuro. Si el valor de una empresa aumenta en la bolsa es porque se espera que sus utilidades aumenten. Estas utilidades pagarán Impuesto a la Renta cuando se realicen. Por ello, cobrarles el mismo impuesto a los inversionistas que ven aumentar el precio de sus acciones supone doble tributación. Esto es especialmente claro para las empresas listadas en bolsa, cuyos estados financieros son auditados, publicados y analizados y resultan por ello fáciles de fiscalizar. En Chile se reconoció esto en su ley de reformas del mercado de capitales de 2001, que esencialmente eliminó el IGC a las acciones de empresas transadas activamente en la bolsa. La ley fue dada en el momento oportuno y llevó a un explosivo crecimiento del mercado de capitales chilenos (ver gráfico 1), al punto que en los años siguientes se ha ido eliminando progresivamente el IGC a más valores en la bolsa chilena. Sería bueno que en el MEF se dieran cuenta de que el mercado de capitales chileno en 2001 era parecido al mercado de capitales peruano de 2009 y que la eliminación del IGC (junto con las reformas que se están planeando) es necesaria para gatillar un potencial desarrollo explosivo del mercado de capitales peruano. Fuente: Instituto Peruano de Economía. 219
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