desafortunados que deben recibir recursos del Estado igual que otros grupos necesitados, como los niños desnutridos de las zonas rurales, las mujeres solteras gestantes y desempleadas o los ancianos indigentes y enfermos. Si tiene éxito la idea, la cola de productores insatisfechos con sus precios o que se declaren necesitados no acabará nunca. Usualmente lo que ocurre en una economía de mercado es que los productores que libremente han escogido dedicarse a alguna actividad —como el cultivo del algodón, por ejemplo— hacen su mejor esfuerzo por producir de manera eficiente y corren el riesgo de que el precio en el mercado de su producto les compense por sus costos y esfuerzos. De ser así, se benefician con las ganancias obtenidas y, de no serlo, sufren las pérdidas que corresponden a la actividad empresarial de riesgo a la que se han dedicado. A nadie le gusta perder, pero pretender que si uno gana la ganancia es suya y si pierde todos debemos compensarlo es el colmo de la desvergüenza. El gráfico 1 muestra que el precio del algodón en el Perú es muy volátil y sigue las tendencias del mercado internacional —notando que el precio en chacra no incluye costos de transporte y procesamiento que son parte del precio en el mercado internacional—. Quien participa del mercado del algodón lo hace sabiendo los riesgos que enfrenta. Si un productor no quiere arriesgarse a enfrentar fluctuaciones de precios, entonces existen mecanismos de mercado que se pueden usar para hacerlo. En lugar de organizar a los productores para tomar carreteras, la ANPA podría preocuparse por organizarlos para que estabilicen los precios futuros de su producción utilizando los mercados a futuro, que permiten asegurar el precio de la cosecha futura; aunque esto, por supuesto, tiene un costo. Gráfico 1 Si los productores algodoneros enfrentan problemas de rentabilidad y su falta de competitividad resulta de deficiencias que escapan a su responsabilidad y resultan de la inefectividad del Estado —regulaciones ineficientes, infraestructura inadecuada, insuficiente apoyo técnico o investigación, comportamiento anticompetitivo de algún o algunos participantes del mercado, etcétera—, entonces pueden tener espacio para reclamarle acción al gobierno. Pero esta acción tendría que estar orientada a solucionar dichas deficiencias —eliminar trabas burocráticas, mejorar los puertos, ejecutar programas de mejora de semillas, intervenir a través de INDECOPI, etcétera — y no a fijar un precio mínimo que elimine el riesgo que enfrentan los productores 188
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