Ferreyros, José Gregorio Paredes, Pedro Pedemonte, José de Iriarte y José Antonio de Alcázar (CDIP, 1973, XV, 1, pp. 125-126). Los datos que Unanue ofreció, en sesión del día 23, en la Memoria ante el Congreso ratificaron las sombrías impresiones sobre la situación de las arcas públicas. Más tarde, en octubre, fue presentado un informe de la comisión, expuesto por José Manuel Brito, consistente en un plan de arbitrios que defendía una fuerte devaluación monetaria. Sin embargo, los debates se fueron dispersando a finales de 1822 en una compleja maraña de heterogéneas iniciativas que abarcaban desde la negociación del empréstito con el comercio inglés, hasta farragosos debates en torno a la amortización del papel moneda. Entonces, la derrota de la Primera Campaña de Intermedios, en enero de 1823, agitó las turbulentas aguas de la política peruana. Las disputas políticas se avivaron y tras el Motín de Balconcillo, el 27 de febrero de 1823, fue proclamado el primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Según recogió el periódico La Abeja Republicana en su número correspondiente al 14 de diciembre de 1822, la situación económica y el estado de las rentas del Estado eran deplorables: El trabajo de nuestras ricas minas está paralizada, la agricultura se halla casi destruida, y los pueblos saqueados […] en este fatal estado el comercio es el único arbitrio que tenemos por ahora, los derechos que se satisfacen por la introducción de efectos extranjeros [pero muy disminuido por la práctica generalizada del contrabando]548. Con un aparato fiscal desmazalado, Riva Agüero apeló en tono imperativo a la urgente adquisición de fondos públicos. El 5 de abril de 1823 era publicada en Lima la proclama del presidente solicitando un esfuerzo extraordinario en contribuciones: ¡Amigos! Es llegado el tiempo que voluntariamente corráis a incorporaros en las filas de los más decididos defensores de vuestra libertad. Apresuraos a oblar a la república parte de vuestros bienes para salvar el todo549. Sin embargo, se siguió avanzando en la política de rebajas fiscales con la Ley de supresión del derecho de décima550 y la Ley de supresión del cobro de arrendamientos sobre predios551. Y, en paralelo, el gobierno trató de encauzar el problema del papel moneda con la receta del cobre y reorganizar el descompuesto aparato fiscal. Con la primera medida se lograron notables avances mediante la amortización de billetes por parte de la Tesorería, pero la Hacienda Pública siguió inmersa en un profundo caos 345
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