y extranjeros. Asimismo, se argumentaba que la creación del papel moneda contribuía a aumentar la renta de la nación y generar ahorros en el capital circulante, evitar el costoso dispendio de mantener una circulación basada en oro y plata, y estimular el aumento del comercio y la producción (Alonso Ortiz, 1796, pp. 126-129). Estas ideas de fiscalidad liberal fueron tomadas en las «Adiciones» peruanas de la siguiente forma: La descripción que hace de la moneda-papel verdadera, conviene exactamente con la que se trata de establecer en el Banco de Lima, y por eso deben acomodarle sus ventajas, dirigidas a promover los adelantamientos del comercio, minería, agricultura e industria, y a proporcionar al estado un recurso pronto en sus urgencias, sin gravar al público con nuevas pensiones (Alonso Ortiz, 1822, «Adiciones», p. 168). Más adelante, en el capítulo sobre las utilidades y ventajas del papel moneda, se volvía a insistir en la relación entre los billetes y la presión fiscal en los puntos quinto y sexto: 5. Si el papel moneda evita que el gobierno extorsione cuando en las graves urgencias tiene que imponer pensiones; la actual situación en que están agotados los recursos, y en que faltan contribuyentes; es la época precisa para establecer el arbitrio. 6. También el papel moneda evita contraer deuda en semejantes urgencias con alguna nación prestamista. Y ¿Qué remedio habrá cuando falta esta, o cuando el préstamo puede ser más nocivo que la misma enfermedad? En tal caso parece más conveniente que la nación necesitada se adeude consigo misma, porque el rédito queda en el reino, y el fondo productivo reducido a papel no corta las utilidades del comerciante […] La fijeza y frecuencia de estos plazos, no solo convida a no tener suspensos los caudales destinados al giro, sino que estimula a que entren en el círculo muchas cantidades menores que habían de estar guardadas por falta de proporción útil, ya sea por su corta entidad, o por la demasiada desconfianza en prestarlas a mutuo (Alonso Ortiz, 1822, «Adiciones», pp. 172-173). Sin embargo, el proyecto, que comenzó su andadura en febrero de 1822, pronto sufrió los primeros descuadres. Bernardo Monteagudo, ministro de Guerra y Marina y verdadero hombre fuerte del gabinete, endureció la política de expoliación contra los españoles que derivó en un duro y abierto enfrentamiento entre el gobierno y el Tribunal del Consulado con efectos directos en la dirección y gestión del Banco. El Tribunal del Consulado pasó a denominarse Cámara de Comercio543 y el conde de Villar de Fuente, prior del Tribunal del Consulado y director del Banco, 341
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