(1835), vocal de la Junta de Aranceles (1837), director de Rentas Provinciales (1839), culminando su carrera política como secretario del Estado y del Despacho de Hacienda (12 de marzo de 1839 interino, 26 de junio-19 de agosto de 1839) (Rull, 1991). Se trata de una muestra de cómo algunos de los que tuvieron un papel significativo en el Perú y que regresaron a España después de la capitulación de Ayacucho siguieron en una senda que les reportó honores y cierto reconocimiento público. El resto de diputados siguió en el Perú trayectorias públicas significativas. Entre los eclesiásticos cabe destacar a Eugenio Mendoza y Jara (Cuzco, 1777-1854), rector interino del Colegio Nacional de Ciencias (1828-1829), diputado por Tinta y Condesuyos en la Constituyente de 1833 (Tauro, 2001, XI, p. 1654), y obispo del Cuzco (1838/1845-1854). Los dos diputados por Huamanga continuarían ocupando cargos en el obispado de Ayacucho, si bien el que mantuvo una mayor presencia fue José Agustín Larrea. Desconocemos cómo y cuándo regresó al Perú, pero debió ser al poco de clausurarse las Cortes en 1823. Fue diputado por Ayacucho en el Congreso Constituyente (1827-1828) y sucesivamente ocuparía distintos puestos en la jerarquía eclesiástica, como el de canónigo magistral (1833) (CGF, 1832, p. 84) y gobernador en la sede vacante del obispado (1840) (CGF, 1840, p. 223)494. Obtuvieron puestos de representación parlamentaria495: Lorenzo Calderón (Arequipa)496, de diputado por Caylloma (1826) (Paniagua, 2003, p. 427, cuadro 17); Andrés Bornas (Puno), diputado suplente por Urubamba (1829); Manuel Torres y Mato (Cuzco), diputado por el Cuzco (1829-1832 y 1835-1836), además de ministro de la Corte Superior de Justicia del Cuzco (1825) y vocal y presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (c.1834); Mariano Campero (Cuzco) senador suplente por el Cuzco (1829) y diputado en la Asamblea de Sicuani (1835-1836); Toribio de Oyarzabal (Tarma), minero con intereses en Cerro de Pasco, senador por Junín (1829 y 1832) y miembro del Consejo de Estado (1834) representando a Junín (Ayarza, 1921, pp. 3, 5 y 269). A ellos debemos añadir el caso de José María de Lara (Potosí), asesor de Agustín Gamarra y fiscal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco desde su creación el 16 de febrero de 1825497. Posteriormente, se acercaría a Andrés de Santa Cruz, quien le nombraría ministro de Hacienda de Bolivia en torno a 1830. No podemos cerrar esta presentación sin dejar de mencionar a quienes, tras la etapa de compromiso con el primer liberalismo, actuaron de forma 299
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx