gobierno lejano que no conocía la realidad americana y se aplicaron en cumplir estrictamente las instrucciones, derivando la decisión final hacia las instancias centrales cuando las posiciones se enconaron. Los comisionados fueron las piezas clave, los que mantuvieron el cara a cara con los disidentes. San Martín contó en ambas negociaciones con los mismos hombres de confianza, Tomás Guido y Juan García del Río, a los que se sumaron como secretarios, respectivamente, José Arenales y Fernando López Aldana. Los comisionados de los virreyes fueron factores de tensión. En Miraflores estuvieron Unanue y Capaz: el primero, ministro de Hacienda del Protectorado apenas meses después, mientras que el segundo estuvo implicado en la pérdida de la fragata María Isabel, parte de una expedición que se envió desde la Península en 1818 que fue desbaratada por los insurgentes. En Punchauca, La Serna sostuvo un enfrentamiento explícito con el comisionado regio Abreu, así como diferencias con los diputados y vocales de la Junta de Pacificación. Abreu, un hombre complicado, cuyos perfiles y trayectoria aún no han sido reconstruidos, actuó desde la superioridad que le confería el haber sido nombrado por el gobierno y ratificado por el rey, moviéndose con un margen de autonomía que enervó al virrey y por el que pagaría un alto precio al retornar a la Península. Los altos oficiales, leales al rey, cuestionaron la manera en que Pezuela llevó las negociaciones de Miraflores y se movieron para controlar que no se hicieran concesiones a los disidentes. Su primera opción era defender al virreinato y ganar una guerra justa, para lo que demandaron el envío desde la Península de buques y hombres. Durante las negociaciones se abrieron diferencias internas que implicaron a oficiales del ejército opuestos a la alternativa negociadora, con Valdés, García Camba y Canterac al frente, y a otros, como los marinos Vacaro y Colmenares, que la defendieron hasta donde fue posible; mientras que algunos americanos, como Galdiano, La Mar y Del Llano se pasarían al bando patriota. Las principales corporaciones, fundamentalmente el Consulado y el Ayuntamiento, mostraron sus cartas. El Consulado se opondría a cualquier vía que amenazase su propia existencia, lo que ocurriría, en su opinión, si se ponía en riesgo la unidad de la Monarquía; el Ayuntamiento constitucional, la mayoría de cuyos integrantes firmaría el Acta de Independencia y permanecería en Lima tras la salida de La Serna, sería favorable a la negociación. 205
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