expresión de Eric Hobsbawn. Se rebelaban para proteger las normas públicas e impedir que la élite económica privatizara el Estado, que los rebeldes identificaban ahora con la nación en su conjunto. A lo largo y lo ancho del campo, muchos de los que se habían incorporado a los clubes electorales y participado en la elección anterior ahora se rebelaban. Más de catorce localidades se unieron al levantamiento, en el que los notables de cada lugar tuvieron un papel protagónico (McEvoy, 1994, pp. 57-58). Con el objeto de coordinar sus iniciativas, reorganizaron la vida municipal y se valieron de las municipalidades para reclutar rebeldes, recolectar fondos de residentes locales y proporcionar a los ciudadanos un lugar para debatir las inquietudes comunes. Delegados municipales se reunieron en diversas ocasiones y negociaron las exigencias durante toda la rebelión, para desconcierto de los insurgentes de Lima, que querían mantener el movimiento bajo su control. Fueron incapaces de hacerlo y se vieron obligados a ceder, por primera vez en la historia del país, a las demandas formuladas por las élites provinciales. A cambio del apoyo invariable de estas, la élite de Lima aceptó descentralizar el poder, restablecer los municipios y disolver todas las antiguas instituciones políticas centralistas y crear otras de carácter federalista, que quedarían consagradas en una nueva constitución (Pike, 1967, pp. 100-103). El movimiento que se desencadenó en la capital y las provincias tenía metas comunes, aunque las reivindicaciones de una y otras eran un tanto distintas debido a sus diferencias en la interpretación del reciente fiasco. Según las élites provinciales, la única manera de impedir la corrupción gubernamental y garantizar que los funcionarios públicos rindieran cuentas de sus actos consistía en descentralizar el poder. Los rebeldes de Lima, por su parte, sostenían que el cambio de gobierno era suficiente para modificar la moral pública116. La revolución triunfó y el nuevo gobierno del presidente Castilla cumplió la promesa antes hecha a los rebeldes de las provincias: se reinstauraron las juntas departamentales y los municipios que habían sido suprimidos en la década de 1830. En el Perú, el despotismo militar negaba a los ciudadanos un lugar para ejercer la política, y de ese modo reafirmaba a estos en su vigorosa disposición a vivir de espaldas al Estado. 97 Basadre (1961-1962, p. 552) plantea el argumento contrario. 98 Estas estimaciones no incluyen los numerosos grupos guerrilleros y bandas «montoneras» que formaron parte del ejército nacional. 130
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx