involucrar a la ciudadanía a través de la más democrática de las instituciones encargadas de impartir justicia: el jurado. Resulta curioso constatar que, si bien el jurado nunca pudo establecerse en el país para el fuero criminal —pese a que hubo más de un intento—, sí se utilizó para dirimir asuntos relacionados con la libertad de imprenta, aun si solo se usaba para determinar la procedencia o no del juicio, pues el veredicto final sobre cada caso estaba, en última instancia, en manos del juez. El jurado de imprenta, tal como nos explica Carlos Ramos, estuvo abocado en lo sustancial a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo. La gran mayoría de casos se refiere a expresiones consideradas falsas, insultantes o deshonrosas y, a través del recurso al jurado de imprenta, sus víctimas trataban de restablecer la verdad y su honorabilidad personal. Los numerosos casos que el autor presenta con lujo de detalles permiten apreciar la amplia variedad de razones por las que ciudadanos de distintos estratos sociales acudían al jurado de imprenta. Entre quienes iniciaron o fueron objeto de una demanda ante dicho jurado encontramos a personajes virtualmente desconocidos pero también a otros tan destacados como Ricardo Palma, Nicolás de Piérola, Manuel Atanasio Fuentes, Enrique López Albújar y Víctor Larco Herrera, por mencionar solo algunos nombres. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el jurado de imprenta sobre la cultura, la política y la convivencia democrática del Perú durante su primer siglo de vida republicana? A juzgar por las dificultades para implementarse y el alto número de casos que permanecieron sin resolverse, podría decirse que fue muy limitado. Pese a ello, no estuvo exento de críticas (Manuel Atanasio Fuentes lo llamó «máquina trituradora del libre pensamiento») y en muchos casos se usó para intentar efectivamente cercenar la libertad de expresión. Al mismo tiempo, fue un recurso al alcance de los ciudadanos que buscaban hacer respetar sus derechos frente al insulto o la mentira. Nos queda la impresión de que, si bien no fue una institución que sirviera para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tampoco puede ser considerada una maquinaria totalitaria de censura. Hubo quienes, de hecho, la consideraron totalmente innecesaria. En todo caso, 9
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