puedan considerarse ofensivos para ciertas personas o colectividades sea efectivamente bloqueada y, con ello, la censura termine imponiendo su lógica. En el Perú republicano, el ejercicio de la libertad de expresión siempre estuvo condicionado por las contradicciones propias de una sociedad desigual, jerárquica y conflictiva. El poder político, económico y religioso intervino con frecuencia en la regulación, cuando no en el intento de supresión, del ejercicio de esa libertad, y no todos los ciudadanos pudieron ejercerla a plenitud. Al mismo tiempo, usando distintos tipos de medios impresos (volantes, panfletos, libros, periódicos) los ciudadanos y sus organizaciones trataron de hacer escuchar sus voces para ventilar todo tipo de asuntos, desde los más altos problemas de Estado hasta los sucesos cotidianos y privados de la gente de a pie. La lucha por expandir los límites de la libertad y consolidar espacios democráticos en el Perú ha tenido como protagonista central, al igual que en tantas otras sociedades, a la palabra impresa. La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. La libertad de un individuo, se dice, termina donde empieza la del otro. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica; pero bien sabemos que las leyes no son siempre expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar. Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo de Carlos Ramos, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. A él le debemos una obra de dimensiones imponentes, tanto en cantidad como en calidad, sobre la historia de los códigos, las instituciones y los personajes que han regulado la práctica del derecho en nuestro país. En este nuevo libro, Ramos Núñez ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece. Creado en los albores de la república, el jurado de imprenta obedeció, paradójicamente, a un impulso democratizador: los asuntos relacionados con la libertad de imprenta no podían ser puestos solamente en manos de tribunales y jueces; sino que —pensaron los legisladores— debían 8
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