políticas. Se trataba, pues, de un modo de solemnizar los faustos días de la patria. En esa posición se hallaban todos los que habían sido sentenciados por delito de abuso de imprenta y los que se hallaban enjuiciados por el mismo delito. Se cortaba así el progreso de los juicios de imprenta por artículos subversivos, sediciosos o incitadores a la desobediencia. También se indultaba a los que estuviesen condenados por ese delito y, finalmente, a los rematados (condenados en última instancia) y enjuiciados (sin sentencia definitiva), quienes eran puestos inmediatamente en libertad sin que en ningún tiempo pueda hacerse revivir la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dicho delito. Se favorecía tanto al acusado como al reo. Resulta esclarecedor el caso Toribio Pacheco, a quien se le cortó un juicio de imprenta en el que había sido denunciado (Pacheco, 1863). Por su parte, en la mañana del viernes 1 de marzo de 1861, en El Independiente, se podía ver cuestionamientos al indulto: El congreso actual, sobreponiéndose a las justas observaciones que hiciera el ejecutivo a la ley del 16 del próximo pasado, que mandaba cortar el progreso de los juicios de imprenta, e indultar a los condenados por haber publicado escritos subversivos, sediciosos e incitadores a las desobediencia, quiso, sin duda, dar una prueba grandiosa de la tolerancia con que debe consentirse el abuso escandaloso, porque las personas a quienes ese indulto comprende no todas eran reos del simple delito de haber emitido erróneas opiniones políticas, o de haberse manifestado enemigos del gobierno, sino que habían llevado su temeridad e insolencia hasta predicar el asesinato y santificarlo como el medio de cambiar la faz del país (El Independiente, 711, 1861). 18. EL FIN DEL JURADO DE IMPRENTA Las críticas al jurado de imprenta no tardarían en florecer. Así, el publicista José Silva Santisteban cuestionaba la institución, a cuyo juicio era preferible el sistema de los tribunales permanentes: Nuestros jurados de imprenta, frecuentemente convertidos en instrumentos de partido, han desacreditado la institución, a tal punto, que nadie querría encomendar gustoso la decisión de sus asuntos a unos jueces que fallan según su conciencia y son irresponsables: vale más atenerse a un juez que estima su reputación, que ha hecho estudio de las leyes y de cuyos procedimientos puede reclamarse para alcanzar la reparación de sus desaciertos y tal vez el castigo de su conducta (Silva Santisteban, 2015, p. 256). 74
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