Se promueve la superación o satisfacción de necesidades o problemas culturales, por lo general aquello que la gente no los demanda suficientemente para lograr oportunidades y desarrollar capacidades personales y colectivas. Se ofrecen o deben ofertarse bienes y servicios culturales modo de inclusión cultural. En vínculo con los procesos culturales y considerando las representaciones legales y/o legítimas, se trata de definir concertadamente los roles que corresponden a los agentes, operadores, actores u organizaciones del desarrollo cultural (sentido de la acción sociocultural, metodologías, mecanismos y recursos del sistema). Todo esto como condición básica para el funcionamiento del aparato o sistema de participación ciudadana, o lo que es lo mismo, el fortalecimiento de la institucionalidad cultural, que asegure las condiciones de gobernabilidad para garantizar los procesos de desarrollo, en este caso el cultural a nivel local. De la misma manera, funcionalmente a cada actor u organización le corresponde accionar sobre lo patrimonial, o en la creación, en los procesos para la producción y difusión cultural o en alguna combinación de ellas. Se debe concertar entre los implicados para determinar los roles y funciones que a cada quien corresponde, además de las políticas de desarrollo. LA NORMATIVIDAD Y FINANCIAMIENTO CULTURAL Las políticas de desarrollo requieren formalizarse en el marco del estado de derecho. Es mejor legislar procesos legitimados, pues no siempre desde las normas se pueden lograr las transformaciones. No se puede crear riqueza ni valor institucional por decreto. Para San Juan de Lurigancho aún hacen falta las normas específicas para los procesos culturales, en particular para el patrimonio local. El marco normativo del proceso de descentralización del estado y los presupuestos participativos, aunque restringidas son una oportunidad que debiesen aprovecharse. El sistema de participación ciudadana concebida después de muchos años de búsqueda del desarrollo concertado, ha sido expresado en las ordenanzas N° 011, N° 030 y N° 055 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Hay otras normas que han ido dándose durante varios años, quitándole potencia al sistema de participación en San Juan de Lurigancho. Estas, sin embargo, requieren ser perfeccionadas. La acción cultural en la localidad es financiada básicamente -como debe ser- por los propios actores culturales, por la población. La promoción cultural desde el estado es lamentable, siendo esto nada novedoso. Otro espacio para la participación y acceso a recursos es a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el presupuesto participativo aun cuando la orientación podría ser a proyectos sociales y culturales. La municipalidad debe tener su política cultural en el marco del plan de desarrollo concertado y con él su propia partida de financiamiento. Más que para sus propias acciones de promoción cultural, deben ser para inversión para la red de políticas públicas de educación, cultura, deportes y recreación, quienes tienen como principal sujeto de atención a los niños y jóvenes de la localidad. LA GESTIÓN CULTURAL El modelo de gestión cultural ha de estar en el marco del sistema de participación ciudadana y teniendo como actores directos a los miembros de la red de políticas públicas de educación, cultura, deportes y recreación, según los roles que les corresponden. En el tratamiento sistémico, se trata de relacionar la cotidianidad y el modo de vida de los pobladores con los productores y sus productos culturales. Así, el plan de desarrollo concertado de
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