«alarmados a los vecinos». Las competencias entre las autoridades locales eran frecuentes y violentas, decía el funcionario, porque aquellas simplemente desconocían las leyes esenciales que regían los mecanismos administrativos o judiciales. Tanto el subdelegado Fabio Ossa como el comandante general José Aníbal Frías se arrogaban atribuciones que no tenían, pasaban a llevar las prerrogativas de otras autoridades y desoían los consejos del juzgado. Lo más preocupante, continuaba el magistrado, es que el gobernador apoyaba dicho orden de cosas, siendo esa la principal razón por la que los abusos se repitieran en la zona. Tagle se lamentaba del faccionalismo político que se vivía en la jurisdicción bajo su cargo, sobre todo porque los habitantes no estaban gozando de las garantías que supuestamente encontrarían bajo el amparo de las leyes chilenas608. Atendiendo a todos los escenarios descritos es posible colegir que la solicitud presentada en setiembre de 1882 por Ministerio de Interior para «la formación de un proyecto definido de los territorios situados al sur del Loa» fue un intento de respuesta a las rémoras político-administrativas surgidas en medio de la guerra. Aunque de carácter provisorio, este proyecto debía servir para «determinar con alguna claridad la relación de dependencia de las diversas autoridades» dispuestas en la región609. No obstante, la complejidad de los conflictos parecía superior a las pretensiones de cualquier esfuerzo normativo. La correspondencia del gobernador de Cobija, Clodomiro Vargas, con el Ministerio del Interior ofrece un claro ejemplo de cómo cada autoridad local intentaba hacer prevalecer su propia voz frente a las decisiones emanadas desde Santiago, al punto de querer, incluso, imponer su hegemonía política y económica sobre las provincias contiguas. En este caso, el asunto que preocupaba a Vargas —nombrado jefe político militar el 17 de octubre de 1879 por el general Erasmo Escala y ratificado un mes después por el Congreso— era la «refundación» de tres funciones en la persona de Ernesto Bishoffhausen, comandante militar. La autoridad de Cobija consideraba que existía «incompatibilidad» en esa «innovación» y, esgrimiendo como argumento el desarrollo de las industrias de su localidad, solicitó al gobierno la conservación «del antiguo orden de cosas», es decir, la separación entre las esferas administrativa y militar. Opinaba, para sostener mejor su reclamo, que el subdelegado marítimo Ramón Ponce, cuyo puesto iba a desaparecer debido a la propuesta centralizadora del gobierno, había cumplido una eficaz tarea imprimiéndole al puerto un método apropiado para el «tráfico y orden 319
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