no habla de culpables sino trata de captar el dolor de las mujeres que sufrieron la barbarie y mostrar cómo ese dolor «pasa de generación en generación sin el debido análisis». La película y su protagonista, que hace el papel de una joven cuya madre fue violada en el período del conflicto armado, logran captar la opinión pública nacional. A lo largo de esos años también entran en la disputa por la memoria los actores de la guerra, como un medio de divulgación en el caso de Sendero o como una revisión crítica de sus actuaciones27. Las Fuerzas Armadas, por su parte, publican su propia versión. Cuentan con un equipo de investigadores y muestran disposición para el diálogo, lo que permite por primera vez realizar una sesión conjunta organizada por el Grupo Memoria28. Por otro lado, la red de derechos humanos logra mayor articulación entre sus organizaciones y activistas a nivel local y nacional, desplegando intervenciones culturales de recuperación de la memoria y movilizaciones a nivel nacional. Una muestra de esto es «El Quipu de la Memoria»29, muestra itinerante que recorre el país como un modo de difundir las recomendaciones del informe final de la CVR y se encuentra con nuevos testimonios y reclamos de justicia en pequeños poblados. Para poblaciones que han sido subalternizadas, los derechos humanos se vuelven un «mito movilizador», como ocurre también en el caso de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, sobre todo por la expectativa de lograr justicia y de disponer de nuevos instrumentos de presión institucional desde las familias y pueblos alejados. Los trabajos de memoria, también, actúan como formas de agencia de las comunidades y organizaciones en la búsqueda de reconocimiento y de justicia, como fuente de retroalimentación de los nexos entre pasado y presente, en unos casos para recordar y en otros para olvidar. Diversas manifestaciones en distritos y provincias de la sierra forman parte de la «ebullición de la memoria» (Ulfe, 2013). Este es un período en que también habrá nuevas producciones desde los estudios culturales y los estudios de género (Bracamonte y otros, 2003; Crisóstomo 2002, 2006; Henríquez & Mantilla, 2003; entre otros). A ello debemos agregar la valiosa documentación de carácter jurídico clave para la no impunidad, acopiados en el marco de procesos de judicialización de casos o a partir de trabajos de varias ONG de derechos humanos y de defensa de las mujeres. 20
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx