diría, como la capacidad para cambiar los roles y relaciones de género de acuerdo a sus necesidades y demandas. También es necesario cuestionar y problematizar aquellos análisis que concluyen que las mujeres quechuas no tenían contacto con Estado y el sistema judicial. Es claro que el manejo incipiente del castellano y su falta de conocimiento de los procedimientos e instancias jurídicas dificultaron sus procesos de búsqueda y acceso a la justicia, pero me pregunto: ¿en los inicios de los ochentas en el Perú qué mujeres podían enviar escritos a la fiscalía, saber ante quiénes y dónde formular las denuncias? Se asume que en el contexto del conflicto armado las mujeres tuvieron que insertarse en un mundo complejo y desconocido de leyes, instituciones y burocracias, donde fue fundamental la fuerza y la creatividad. Sin embargo, este tipo de conclusiones han contribuido a negar, silenciar e invisibilizar las prácticas e interrelaciones que estas mujeres ya tenían con el Estado y el sistema de justicia. Diez, sobre la base de un estudio con mujeres quechuahablantes de Ayacucho, Huancavelica y Abancay señala que el término justicia tiene una larga historia de incorporación a la lengua quechua: «Muchas autoridades tradicionales son llamadas justicias desde hace más de un siglo» (2012, p. 145). Por su parte, Ataurima (2001), estudiando el siglo XIX, documenta que las mujeres que vivían en la ciudad de Ayacucho y sus alrededores tenían experiencia sobre el uso de sistema judicial. Para el caso de las zonas rurales de Ayacucho, en su estudio sobre el arrieraje de 1770 a 1870, Urrutia (1982) documenta una serie de juicios y denuncias de los campesinos hacia los hacendados ante el Poder Judicial. Este punto de vista es sugerente, porque visibiliza a las mujeres en los espacios públicos mediante el uso del Estado, en este caso a través del uso del sistema judicial. Este acceso judicial les permitió adquirir confianza para denunciar los abusos y atropellos que vivían. En síntesis, las presidentas de ANFASEP —con matices y diferencias— ya estaban empoderadas de acuerdo a sus circunstancias antes del conflicto armado. Además, tenían vinculaciones previas con el sistema judicial, el Estado y el mercado. Durante el conflicto armado asumieron la responsabilidad de sus familias, retomando sus roles y prácticas económicas previas y se valieron de sus nuevas redes, espacios y aliados, así como de sus conocimientos previos para buscar a sus familiares detenidos o desaparecidos. Desde la demanda por la vida de un familiar llegaron a construir una ética ciudadana que cuestiona las prácticas represivas del Estado y plantea exigencias vinculadas con el respeto a los 116
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