paralizó las actividades del sector público durante el primer mes de 1992, debido a que no había normativa legal para la ejecución del gasto. Fue por esta razón que el Legislativo tuvo que convocar a una legislatura extraordinaria para poder revisar los decretos legislativos que habían sido promulgados desde el Ejecutivo (CVR, 2003, t. III, 2.3). En medio de las tensiones entre ambos poderes, la FIFA presentó su primera amenaza para sancionar a la FPF por intromisión política. Según el diario La República, «la FIFA no acepta dentro de su seno a países en los cuales la política determina y decide en el deporte, especialmente en la esfera del balompié» (5 de febrero de 1992), con lo cual ignoró a otras federaciones en las que el gobierno y la política deciden los destinos del fútbol profesional. Nicolás Leoz192, presidente de la CFS, reforzó el mensaje al señalar que la intervención de la política podría traer duras consecuencias para el fútbol nacional, como la no participación en torneos internacionales o en las eliminatorias a copas mundiales. Sin embargo, en la Memoria de la FPF (1992-2002) se señala que existía un peligro inminente de desafiliación y que este se tornó realidad mediante una comunicación oficial de la FIFA, que advertía que el Perú sería separado en caso la FPF no adecúe sus estatutos al organismo internacional (Pulgar Vidal, 2015, pp. 38-39). Amenazado en los frentes interno y externo, el entonces ministro de Educación Augusto Antoniolli intervino para «moralizar» el deporte nacional a través de investigaciones fiscales y policiales en las federaciones deportivas nacionales, el mantenimiento del DL 695 y la defensa de la soberanía del Perú sobre el control del fútbol ante la amenaza de la FIFA. Esto desencadenó en la renuncia de Manuel Burga a la FPF, el 9 de febrero de 1992, por las decisiones de Antoniolli y la intromisión política en el deporte; un guiño a la FIFA que no pasaría de largo pues Burga se mantendría cercano a las esferas del manejo del fútbol nacional. En marzo de 1992, el Parlamento oficializó la derogatoria del DL 695, por lo que todos los dirigentes deportivos que habían sido colocados en las federaciones debían dejar sus cargos, para volver a dar paso a las elecciones democráticas. De esa manera, había que volver a convocar a elecciones bajo la Ley General del Deporte 328, promulgada en 1985. En remplazo de Burga, Walter Indacochea Queirolo es elegido presidente de la FPF en marzo de 1992. Al asumir el cargo este convocó a Humberto 191
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