retomaron su vigencia a través de la lucha por el retorno a la democracia, con lo cual se lograron posicionar diferentes intereses e identidades sociales a través de la Constitución de 1979 y las nuevas elecciones generales (Rochabrún, 2009, p. 383). Primero asumió la presidencia Fernando Belaunde Terry del partido Acción Popular (1980-1985), seguido de Alan García Pérez del APRA (1985-1990). A pesar de iniciarse con altas expectativas, la década de 1980 se caracterizó por una fuerte crisis política, social y económica, que los gobiernos democráticos no pudieron gestionar. En efecto, los gobiernos de Acción Popular y el APRA dirigieron gestiones divorciadas de la dinamizada sociedad de aquellos años que propugnaba un balance en la designación de cargos y una mejor distribución del poder. El gobierno de Belaunde se «apoyó en parientes y allegados personales que ingresaron a puestos importantes en el Estado». Por su parte, Alan García prescindió de su partido para conducir el gobierno «a través de su voluntad personal y rodeado de amigos incondicionales» (Degregori, 2012, p. 36). En ambos casos, coparon la burocracia del Estado con amigos y conocidos para asegurar lealtades. Los partidos políticos que desde la transición habían expresado intereses sociales sectoriales fueron perdiendo paulatinamente sintonía con las aspiraciones ciudadanas, lo que a fines de la década generó una seria crisis de representatividad política. Los políticos prestaron poca atención a cambios en la estructura sociodemográfica. Si en 1972 la población del país fue de 13 954 700, en 1981 esta se había elevado a 17 754 800, con una tasa de anual de crecimiento de 2,7. La urbanización y migración a la costa se intensificaron durante la década de 1980 por las dificultades de la agricultura y ganadería, así como por el avance del terrorismo (Panfichi & Coronel, 2009, p. 85). El conflicto armado interno fue además un gran factor de desestructuración que causó estragos en el tejido social del país. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) le declaró la guerra al denominado Estado burgués con el objetivo de imponer un régimen campesino-comunista. Para ello inició la lucha armada y multiplicó su presencia en los Andes y en las regiones de la Amazonía, donde controló universidades públicas y asentamientos urbanos populares (Remy, 2010). Sus crímenes fueron respondidos por las fuerzas de seguridad, con lo cual se produjeron violaciones a los derechos humanos, especialmente en las comunidades campesinas de la sierra central. Las matanzas, asesinatos y 127
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