Boletín de la Biblioteca Nacional N° 31-32

Las Juntas Departamentales durante el primer Gobierno del Mariscal don Agustín Gamarra Por RAUL RIVERA SERNA. Fue el sano propósito de renovacion el que animó a los representantes del Congreso de 1823, a implantar las Juntas Departamentales, como organismos orientados a lograr la descentralización administrativa en el país. Excesivamen- te teóricos y optimistas esos legisladores, pensaron que el Perú, aún en pleno pro- ceso de emancipación, podía superar, por tal medio, la honda crisis política, cul- tural y económica que lo agobiaba. De acuerdo a lo estatuido por la Constitución aludida, las Juntas Departamentales a establecerse en las capitales de departa- mento, debían cumplir funciones económicas, culturales, sanitarL:i.s, judiciales y po- líticas; pero el anhelo de los legisladores no pudo cumplirse porque, en realidad, esa carta magna no rigió prácticamente en el país, pues a poco de su promulga- ción se produjo la llegada del Libertador Bolívar al Perú, a quien el Congreso concedió poderes extraordinarios en el orden político y militar, para conducir la guerra emancipadora y la Constitución fue dejada de lado. Concluida la gue- rra, rigió en el país muy brevemente la llamada Constitución Vitalicia o Boli- viana, que no contempló nada sobre el particular. Derogada ésta, por la dura oposición nacionalista del grupo liberal encabezado por Luna Plzarro en los primeros días de Enero de 1827, fue declarada vigente la carta del 23 y a base de ésta se redactó la Constitución de 1828 que rigió, a su vez, hasta su reemplazo por la del 34, elaborada por la Convención Nacional que se instaló a postrimerías de 1833. Si fueron factores circunstanciales los que determinaron la inaplicabilidad de la carta de 1823 en la época de su promulgación, hubo una serie de motivos que obstaculizaron el funcionamiento de las Juntas, reestablecidas por la Cons- titución del año 28. Hay que considerar entre ellos factores de orden interno e internacional. En cuanto a lo primero, el país carecía de elementos capacita- dos y bien intencionados que pudieran cumplir con los planes asignados a esos organismos y la pobreza económica en que se debatía no permitía disponer de los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos. Hay que agregar a ello, el estado de agitación interna en que vivió el país en esos cua- tro años de la administración presidencial de Gamarra. En cuanto a lo segun- do, la secuela de la invasión de Gamarra a Bolivia, el conflicto con la Gran Co- lombia y luego, la crisis internacional que se mantuvo vigente en el transcurso de esos cuatro años entre nuestro país y el del Altiplano, restaron eficacia a los planes para una buena obra administrativa en el país. Los continuos mo- vimientos militares dentro del territorio o hacia las fronteras, aparente o real- mente amenazadas, absorbían las exigüas rentas, producto de las contribuciones directas o indirectas. La falta de brazos y capitales para el fomento de la in-