la agricultura, porque los jóvenes del campo trasladados a las ciudades se avergüenzan de volver a las faenas agrícolas [...] y hasta de sus rústicos padres» (Gagini, 1961, p. 120). La opinión que unos años después escuchó el filósofo social salvadoreño Alberto Masferrer fue parecida; un jurisconsulto de San José le dijo: «Costa Rica no necesita literatos sino agricultores. Brazos para laborar nuestras tierras, y no artistas» (Masferrer, 1949, p. 295). La concepción de este destacado intelectual de El Salvador, pese a todo, no era muy distinta de la prevaleciente en lo que se refería a la valoración de la literatura centroamericana: en 1922 propuso fundar una biblioteca municipal en cada población de su país y adjuntó una lista selecta de cien títulos, de los cuales únicamente cuatro eran de autores de América Latina: sus compatriotas Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi, el guatemalteco José Milla y el mexicano Juan de Dios Peza; curiosamente, descartó a Rubén Darío (Masferrer, 1947, pp. 41-43). El desafío de los escritores centroamericanos en las últimas décadas del siglo XIX era triple: construir una identidad colectiva propia y viable que los diferenciara de los europeos y, a la vez, les permitiera ser aceptados en sus países de origen; legitimar sus opciones estéticas e ideológicas específicas, un propósito cuyo carácter estratégico se asoció con el ascenso del modernismo (Beverly & Zimmerman, 1990, pp. 54-59); y diversificar y ampliar el mercado cultural para garantizar la impresión, circulación y consumo de sus productos (Rama, 1985, pp. 49-79). La ejecución de tal empresa resultaba urgente en el contexto ‘cosmopolita’ de la época, del cual no escapó la composición de las colecciones de las bibliotecas nacionales abiertas en las capitales de los cinco países de Centroamérica. LAS BIBLIOTECAS NACIONALES Antes de la década de 1830, las bibliotecas centroamericanas se caracterizaron por ser de carácter privado, ya fuera que pertenecieran a particulares —sobre todo a eclesiásticos, funcionarios, comerciantes, profesionales y profesores— o a instituciones como universidades, conventos, sociedades o escuelas. El primer establecimiento público se inauguró en Guatemala en 1832, por iniciativa de la Academia de Estudios —instancia que reemplazó a la Universidad de San Carlos—, pero fue de corta duración, ya que se clausuró en 1841 (Castillo López, 1995, pp. 293295; Amaya Banegas, 2009, pp. 27-34, 39-44; Tenorio Góchez, 2006, p. 73). El segundo fue abierto en Costa Rica a finales de la década de 84
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