expropiados de instituciones religiosas: Argentina y Brasil (1810), Chile (1813), Uruguay (1816), Perú (1821), Venezuela (1833) y México (1833) estuvieron entre los primeros países independientes en crear bibliotecas nacionales1. Luego seguirían, en la segunda mitad del siglo XIX, República Dominicana (1869), El Salvador (1870), Guatemala (1879), Costa Rica (1889) y Panamá (1892) (Moreno de Alba, 1995). Entre la inmediata posindependencia —cuando se crearon bibliotecas nacionales en Sudamérica— y la era del progreso —cuando se formaron las bibliotecas centroamericanas— hubo un periodo intermedio de guerras civiles, fragmentación política e intervenciones externas que hizo que los Estados nacionales tardaran en afianzarse como agentes fiscales y como garantes del orden público y social. Durante ese largo periodo de cincuenta o sesenta años, la violencia política, las pugnas caudillistas, el bandidismo y otras formas de inseguridad hicieron inestable e improbable cualquier forma de acumulación libresca, privada o estatal. Este retraso se dio al mismo tiempo que en Europa y en Estados Unidos florecían las primeras bibliotecas públicas y avanzaban las colecciones privadas y estatales de libros, documentos y periódicos. El carácter «nacional» de esas bibliotecas, sin embargo, tendría que ser puesto en cuestión, tanto en lo que concierne a la naturaleza de las colecciones —abrumadoramente formadas por publicaciones foráneas— como al hecho de que existían sobre todo en las grandes ciudades, dejando fuera de su ámbito operativo amplios sectores del país; por otro lado, aunque en teoría se trataba de bibliotecas «públicas» —es decir, no privadas y abiertas al público—, funcionaban en la práctica como instituciones cerradas y elitistas que, más allá de los buenos deseos de algunos intelectuales, poco o nada ofrecían a las masas de habitantes, que seguían siendo en su mayoría iletrados. Al mismo tiempo, esas bibliotecas nacionales padecían de falta de recursos para la adquisición de materiales, constantes robos y otras formas de destrucción y merma en sus colecciones, y ausencia de personal calificado y técnicas de catalogación. Durante la era del progreso (1870-1920), las élites intelectuales tuvieron un acceso más directo al Estado —un Estado más centralizado y ya con cierta división interna del trabajo—, lo que significó un impulso a proyectos de educación popular y a ciertos programas para afincar las ciencias naturales y humanísticas en América Latina. Surgieron entonces sociedades científicas, geográficas e históricas, se fundaron museos de 8
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