poco podían hacer las bibliotecas y los gabinetes sin un proyecto político que le diese coherencia. Las colecciones se desarrollaron para las élites mismas, sus gustos y necesidades. Aunque discursivamente se pretendía llevar cultura y educación al pueblo, estos espacios educativos cumplieron la función de saciar la fantasía de participación y poder de un grupo social que en realidad nunca tuvo gran injerencia en los asuntos vitales del país. Salvo contadas excepciones, el conformismo y el acomodo a la realidad colonial por parte de las élites imposibilitaron proyectos bibliotecarios coherentes; así, proliferaron esfuerzos tronchados o inacabados. La escritora Marta Aponte Alsina, al tratar el tema de las bibliotecas del Ateneo y la del Gabinete de Lectura de Ponce, concluye que «representaron la institucionalización de la cultura letrada en Puerto Rico». Y añade que, de esta manera, se abrió un espacio público a la gestión intelectual, donde, a través del «nacionalismo cultural», los subordinados justificaban su inclusión en la metrópolis (Aponte Alsina, 2008). A este argumento le añadimos que tanto los anexionistas, autonomistas y separatistas, bajo ambas soberanías, usaban el mismo lenguaje al referirse a las bibliotecas como fuentes para el «adelanto moral y material» del pueblo. Sin embargo, en estos proyectos promovidos por la clase letrada criolla era obvio el abismo entre las clases sociales. El testimonio de uno de los fundadores del Gabinete de Lectura de Ponce, Eduardo Neumann, sobre cómo desapareció la valiosa colección del Gabinete de Lectura de Ponce, ilustra el descuido y la negligencia por parte de los mismos creadores del Gabinete. Pero también muestra la desconexión entre la élite educada y el pueblo al utilizar un tono despectivo por lo sucedido y adjudicar al segundo la responsabilidad de su ignorancia sobre el valor de la colección que se le había cedido a la Sociedad de Dependientes. Para el nuevo régimen, las bibliotecas tenían la función de servir como propagadoras de los conceptos democráticos del capitalismo norteamericano. Así, uno de los primeros gestos del gobierno estadounidense en materia educativa fue precisamente la fundación de la San Juan Free Library, creada con los fondos de bibliotecas españolas preexistentes. La ley que creó la Biblioteca Insular en el 1903 asignó funciones que eran cónsonas con una biblioteca nacional. En términos reales, su cumplimiento fue limitado, ya que nunca se asignaron los fondos necesarios para tan ambicioso proyecto. Por otro lado, el cambio de nombre que sufrió la Biblioteca Insular que pasó a llamarse Biblioteca 132
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