Estado de Derecho» y acuerdan que sus disposiciones se apliquen en caso de producirse una ruptura del orden democrático en cualquiera de los países miembros. Aprobación y puesta en vigencia de acuerdos de alcance parcial de complementación económica entre la Comunidad Andina y Brasil y entre la CAN y Argentina, en 1999 y en 2000, respectivamente, que permitieron dar un paso más hacia la constitución de una zona de libre comercio entre ambos bloques. Adopción de un nuevo régimen común sobre propiedad industrial, considerado como uno de los más desarrollados del hemisferio, que adecua la norma a lo estipulado en la materia en la OMC. Creación y puesta en funcionamiento de la Facultad de Integración de la Universidad Andina Simón Bolívar. Suscripción del Protocolo Sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, foro idóneo de participación tripartita —gobiernos, empresarios y trabajadores— para fomentar la integración sociolaboral en la Comunidad Andina. Aprobación del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, que comprende los aspectos sobre prevención, interdicción, reducción de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, así como el control del desvío de precursores químicos, del lavado de activos y de tráfico de armas, municiones y explosivos. Creación del pasaporte andino a más tardar en 2005, y reconocimiento de documentos nacionales de identificación para que los nacionales de los países andinos puedan viajar como turistas dentro de la subregión con esos documentos. Impulso decisivo a la integración y el desarrollo fronterizo con la aprobación de normas comunitarias que disponen la creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) y Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la subregión andina. Aprobación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con lo que se fortalece el sistema comunitario de solución de controversias y se agilizan, modernizan y hacen más eficaces los procesos de este órgano del SAI. Acuerdo presidencial, en la reunión de Santa Cruz-Bolivia, para aplicar un arancel externo común con una estructura de cuatro niveles 221
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