Dentro de estas categorías se contemplan, además, dos situaciones especiales: la de Uruguay y la de los países mediterráneos. – Al primero se le otorga un tratamiento excepcional más favorable que a los demás países de desarrollo intermedio, sin que ello implique la totalidad de los beneficios que corresponden a los países de menor desarrollo económico relativo. Tal tratamiento debía concretarse en todos los mecanismos del Tratado de Montevideo 1980 y, fundamentalmente, en las acciones parciales que negociase con reciprocidad relativa con las demás partes contratantes, para alcanzar nóminas de productos sobre los cuales se acordaría, en su favor, la reducción total de gravámenes y demás restricciones. – Por su parte, los países mediterráneos recibirían un tratamiento preferente entre los de menor desarrollo económico relativo para compensar los efectos negativos derivados de su situación geográfica. Esta calificación de países no tiene sentido estático, pues las normas aprobadas al respecto prevén la revisión periódica de la situación de los miembros incluidos en cada categoría. Prevé la participación de países no miembros en acciones parciales con los países miembros. Establece nuevos principios, como: pluralismo (integración por encima de la diversidad política y económica), convergencia (multilateralización progresiva de los acuerdos de alcance parcial mediante negociaciones periódicas), flexibilidad (capacidad para permitir la concertación de acuerdos), tratamientos diferenciales (establecidos según el rango de cada país), y multiplicidad (hace posible distintas formas de concertación). No contiene plazos ni metas cuantitativas, a diferencia del antecedente, que fue la ALALC, o lo que es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que poseían o tienen plazos específicos. Sin embargo, estos cambios y los buenos propósitos no han sido todo lo positivos que se esperaba para lograr la integración de América Latina y propiciar un mayor crecimiento del comercio intra y extrarregional. Entre otras razones, esto se debe a la falta de armonización y coordinación de políticas, al duro peso de la deuda externa sobre todos los países miembros —que los ha presionado a dar atención a situación de coyuntura antes que a los proyectos de largo aliento, como son los de integración—, y al 173
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