Por tal razón, un aspecto adicional que resultaba crucial para la solidez de nuestra política exterior en materia del diferendo marítimo consistía en demostrar que se trataba de una política de Estado, más allá de los intereses que pudiera mostrar tal o cual gobierno, con un alto grado de legitimidad. Aunque podría decirse que se trata de una política de Estado cuyo origen puede encontrarse a mediados de la década de la década de 1980 (USIL, 2014, p. 25), las condiciones para resolver el tema marítimo, de acuerdo a Ferrero Costa, recién se crean terminado el problema con Ecuador (1998). Habría sido imposible negociar con Ecuador y al mismo tiempo buscar una solución con Chile al diferendo marítimo, siendo este garante del Protocolo de Río de Janeiro. Agotada la posibilidad de resolver el tema en forma bilateral durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, queda despejado el camino para recurrir a La Haya como mecanismo pacífico para solucionar la diferencia existente entre Perú y Chile. Planteada la demanda en 2008, esta política de Estado se expresa en el alto grado de coherencia a lo largo del todo el proceso y el hecho de haber mantenido el equipo de personas a cargo a pesar del cambio de gobierno en 2011. Es más, el equipo fue reforzado por Humala con el nombramiento ese mismo año de José Antonio García Belaunde, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno anterior, como coagente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia para este caso, quien conjuntamente con el agente, el embajador Allan Wagner, fueron los encargados de defender la posición peruana. Un segundo aspecto señalado por Wagner ha sido haber generado un importante consenso nacional en torno a esta problemática. Construir una base amplia de apoyo obligó a trabajar con los distintos grupos políticos, manteniendo un diálogo permanente que permitió proyectar cohesión política, y no muestras de «debilidad y fisuras en el frente interno, lo cual podría ser hábilmente aprovechado por el gobierno de Chile» (Gonzales, 2015, p. 76). En este punto, resulta fundamental la relación establecida por Torre Tagle con los medios de comunicación. Conservando la reserva del proceso en su etapa inicial, evitando actitudes patrioteras y sin hacer del problema uno de carácter mediático, a través de los medios se dio muestra de serenidad y confianza, lográndose difundir la posición del Perú. Justamente, en materia de propaganda, Rodríguez Elizondo a manera de autocrítica señala que mientras el gobierno chileno mantenía un silencio disciplinado sobre el manejo jurídico de sus agentes, el gobierno de García 68
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