Armadas, incluyendo las reuniones del 2+2 creadas para estos fines; igualmente, la promulgación de la Ley de Líneas de Base por el Perú el mismo año, fundamental para establecer el área de dominio marítimo del país, llevó al gobierno chileno a suspender el proceso encaminado a concretar un Tratado de Libre Comercio con el Perú. Así, era altamente probable que la resolución de una diferencia sobre soberanía marítima pueda generar una serie de consecuencias negativas sobre toda la relación. En un nuevo escenario que estará determinado por el inicio de la fase oral y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, probablemente las «cuerdas separadas» resultaban insuficientes. Separar la economía de los intereses territoriales fue muy útil, pero pareció ser un recurso transitorio, insostenible en el tiempo (Guerra, 2014, p. 128). De ahí que, ya electo, Humala haya intentado cambiar el énfasis de la relación, prefiriendo hablar de una relación integral o «tratamiento integral de la relación» (RREE, 2013b, pp. 26-27), pensando en el pos-La Haya. Por un lado, como lo señala Allan Wagner, era fundamental generar confianza entre Perú y Chile de cara al cumplimiento del fallo. De esta forma, se llevó a cabo un arduo trabajo para buscar espacios de diálogo que generen confianza, en el sector público o desde la sociedad civil, sean estos empresarios o intelectuales. Crear un ambiente positivo pensando en el momento del fallo significó no solo conversar sobre todos aquellos temas de la agenda bilateral donde podamos tener intereses comunes — sobre todo en los ámbitos económico, comercial y social—, sino también generar compromisos al más alto nivel en Perú y Chile de cumplimiento del fallo. Por tal motivo, desde el año 2011 hasta antes de la sentencia, se van a dar diferentes encuentros entre los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y los presidentes, sea en Perú, Chile o foros internacionales, tal y como sucedió entre Humala y Piñera en setiembre de 2013 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que van a ser utilizados para reafirmar el compromiso de ambos países con el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, esta propuesta integral, según Roncagliolo, también consistió en la construcción de una agenda bilateral que de alguna manera aumente los costos para Chile, si es que llegado el momento, decidía desconocer la sentencia; obviamente pensándola en términos favorables para el Perú. En otras palabras, a mayor interdependencia se reduce la posibilidad de conflicto entre dos países, en tanto los costos que significa romper la relación son muy altos para ambos; de esta forma, 61
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx