pensiones asistenciales, entre otras. Esta intervención propició la articulación de la oferta de programas de asistencia y el acceso de las familias a la red pública de servicios sociales (Carneiro y otros, 2009; Hoces & Ramón, 2011; Contreras y otros, 2012; Larrañaga, 2010). Las evaluaciones de Chile Solidario, hasta la fecha, presentan resultados mixtos. A pesar de un buen nivel de aprobación de los usuarios y de los avances en la innovación en la coordinación y adaptación de la oferta pública de servicios sociales, así como en su cobertura efectiva, no hay evidencia concluyente en estudios de impacto sobre los efectos en las variables de empleo e ingresos (Alonso, 2007; Hoces & Ramón, 2011; Martorano & Sanfilippo, 2012; Contreras y otros, 2012; Larrañaga, 2010). La hipótesis de Contreras y otros (2012) afirma que el acceso a capacitación, intermediación laboral y el fomento de microemprendimientos no fueron condiciones suficientes para garantizar la autonomía económica de los beneficiarios del programa, en parte por las carencias de capital humano, cultural y psicosocial que mantienen los usuarios. Otro programa relevante es Chile crece contigo, implementado hacia el final del último gobierno de la Concertación (2007). Esta estrategia intersectorial aborda el desarrollo temprano infantil en poblaciones vulnerables para reducir las brechas en el desarrollo en el largo plazo (MIDEPLAN, 2011; Bedregal y otros, 2014). La población objetivo, infantes de 0 a 4 años pertenecientes a familias con menores recursos, recibe servicios de salud y apoyo al desarrollo biopsicosocial, salas de cuna y jardines gratuitos. Además, existen prestaciones orientadas a los padres, como subsidios para la adquisición de viviendas e intermediación laboral. Las evaluaciones iniciales muestran un avance dispar en términos de su cobertura y calidad, tanto entre grupos de población como entre regiones, y resta implementar plenamente componentes importantes como la participación de organizaciones de base en procesos de rendición de cuentas y el judicial (Bedregal y otros, 2014 Larrañaga, 2010). En la política de pensiones, las tres primeras administraciones de la Concertación (1990-2005) mantuvieron sin mayores cambios la institucionalidad creada por el régimen militar, que instauró como modalidad principal de financiamiento la capitalización individual de contribuciones en entidades privadas (administradoras de fondos de pensiones, AFP). En el diseño de política del gobierno de Pinochet, el 149
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