participativo y técnico en la determinación de las prioridades y de su intención de reforzar la separación de funciones y la gestión sanitaria, su alcance es insuficiente. La población valora su empoderamiento ante el Estado, el aumento en el número de patologías cubiertas, la atención oportuna y la mayor protección financiera. Sin embargo, en las atenciones no prioritarias aumentaron las listas de espera, sigue siendo motivo de tensión el pleno cumplimiento de las garantías y, según expertos, la importancia creciente de la gestión hospitalaria entraña el peligro de descuidar la atención primaria y el modelo de atención en redes. Finalmente, al establecer instrumentos principalmente orientados a lograr objetivos sanitarios, la reforma relegó los aspectos más controvertidos de la institucionalidad, como la regulación de los mercados de salud y de aseguramiento y la necesidad de mayor solidaridad en el financiamiento122 (Paraje & Infante, 2010; Larrañaga, 2010; Fernández & Cunill, 2011; Erazo, 2011). Los esfuerzos del AUGE representan la posibilidad de reducir la segmentación del sistema de salud (Beteta & Willington, 2009). Esta es un inconveniente por razones de eficiencia —la integración en un esquema de aseguramiento es más eficiente en el manejo de riesgos conforme aumenta la población beneficiaria— y de equidad —la segmentación por niveles de riesgo o ingreso valida diferente trato, por ejemplo, según nivel socioeconómico—. Políticas de protección y seguridad social Esta sección presenta algunos avances en programas de asistencia social (no contributivos) y de las políticas de seguridad social en temas de protección del empleo y pensiones. Los dos primeros gobiernos de la Concertación agregaron innovaciones en la política de superación de la pobreza, incorporando categorías más amplias como «profundizar oportunidades y procesos de integración social y atenuar los aspectos de exclusión que afectan a sectores pobres y vulnerables» (Raczynski, 1998). Nuevas instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y especialmente el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), canalizaron fondos concursables y numerosos programas para la habilitación y generación de capacidades productivas, laborales o sociales. Una parte de estas iniciativas incorporaron la participación ciudadana y de 147
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