—con logros de aprendizaje entre los mejores de América Latina—, notándose un efecto mayor efecto en las escuelas rurales y públicas (Bellei, 2009; Cox, 2012). Otro aspecto destacable es la progresividad del gasto público, que se benefició en mayor proporción a los hogares de menores recursos, donde se lograron aumentos en cobertura en todos los niveles, incluyendo educación pre escolar (Arellano, 2014; Lustig, 2015). A pesar de los avances, las políticas de la Concertación fueron constantemente cuestionadas por la falta de radicalidad en la reforma de la estructura institucional instaurada por el régimen militar. El argumento central de los críticos radica en diversos aspectos de la segmentación que mantienen diferencias de calidad entre escuelas públicas y privadas, donde la política pública no ha sido suficientemente efectiva para reducir las brechas existentes de oportunidades entre la población de mayor y menor ingreso (desigualdades que se verifican empíricamente). Parte del debate y de las protestas estudiantiles de 2006 y 2011 apuntaron a la existencia de lucro como principal obstáculo a la equidad. Las discusiones abiertas en los últimos años, de éxito en los indicadores claves de logro y cobertura, junto con la creciente insatisfacción de la población, se refieren a los límites de los mecanismos de mercado —por ejemplo, en el sentido de promover, por medio de mecanismos como la selección y el financiamiento compartido, una perpetuación de disparidades en la calidad de establecimientos privados y públicos—; a las dificultades de los municipios para hacerse cargo de la educación pública; a la posible insuficiencia de los incentivos y oportunidades de mejoramiento docente en el contexto de regímenes de contratación de mayor estabilidad laboral (Donoso & Alarcón, 2009; Pinedo, 2011; Alarcón y otros, 2013; De la Fuente, 2013; Bellei, 2009; Larrañaga & Rodríguez, 2014; Águila, 2010). Hacia la cobertura universal de salud El régimen militar eliminó el Servicio Nacional de Salud, análogo al sistema único inglés, y descentralizó la atención pública en 24 servicios de salud. El ministerio recibió la función normativa y el FONASA la de financiamiento, permitiendo al sector privado recibir las cotizaciones obligatorias de los trabajadores mediante las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), que en adelante competirían con el FONASA. Las ISAPRE ofrecían múltiples planes de aseguramiento para ajustarse a riesgos y al monto de aporte del trabajador (Molina y otros, 2000; Larrañaga, 1997). 145
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