programas incluyeron diversos recursos para la modernización de la enseñanza e incentivos a la formación e innovación pedagógica del docente. En la segunda mitad de los años noventa se continuó mejorando las remuneraciones docentes y se agregaron dos reformas: la del currículo y la extensión de la jornada escolar. Asimismo, se fortalecieron políticas de evaluación y fiscalización de los docentes del sector (público) municipal, con el objetivo de resguardar la calidad del servicio brindado, junto con incentivos monetarios al desempeño (Bellei y otros, 2008; Larrañaga, 2010; Arellano, 2014; Cox, 2012). Estas y otras medidas llevan a algunos expertos a afirmar que «Chile se convirtió en uno de los laboratorios de política educacional más sobresalientes a nivel internacional» (Bellei, 2009). En 2008 se promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cual es considerada como el mayor avance de la política chilena en las últimas décadas en cuanto al intento de compensar las brechas educativas existentes (Larrañaga, 2010). En este sistema, los establecimientos educativos recibirían un subsidio por cada alumno en situación de desventaja socioeconómica121, condicionados a someterse a regulaciones, como el aseguramiento de la calidad del servicio y la equidad en el trato a los estudiantes, a través de un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. En cuanto a la cobertura de esta iniciativa legal, la intervención ha incorporado al 99% a escuelas municipales y al 73% a establecimientos privados en un corto periodo de tiempo (MINEDUC, 2012). Los contratos establecidos para acceder a la subvención preferencial introducen un sistema de metas de aprendizaje formuladas en un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) para el establecimiento educativo. De esta manera, las escuelas que forman parte del programa participan en la elaboración de su respectivo PME, en un horizonte de cuatro años, y rinden cuentas de los resultados obtenidos. En este sentido, la SEP es reconocida por la literatura como un cambio en el paradigma de política educativa, pasando de un sistema de mejoramiento basado en programas abiertos a los más necesitados a un sistema de contratos de apoyo y fiscalización a entidades que participan libremente (Weinstein y otros, 2010). En general, algunos resultados de estas políticas coinciden con lo esperado, en términos del mejoramiento en las condiciones laborales de los docentes, los cuales en su mayoría pasaron a trabajar a tiempo completo, y en el desempeño de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemáticas 144
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