noventa— en las esferas política, económica y mediática. También existía legítima preocupación al interior de la coalición por el riesgo de repetir la inestabilidad política que llevó al fin de la administración de Salvador Allende (1970-1973) o los fracasos de las políticas económicas de García en Perú, Alfonsín en Argentina o Sarney en Brasil. Cerca de la asunción del primer presidente electo, el Banco Central (autónomo) ajustó la economía incrementando la tasa de interés (Huneeus, 2013; Ominami, 2010; Arellano, 2014; Delamaza, 2012). En este contexto de restricciones, las políticas de la Concertación constituyeron, según algunos autores, al menos una «reforma de las reformas (del gobierno militar)», una «corrección del modelo» o un avance hacia una economía social de mercado. La política económica incluyó elementos de continuidad y cambio (Huneeus, 2013; Bianchi, 1995; Arellano, 2014). La nueva agenda de gobierno mantuvo fundamentos de la política económica del régimen militar como la apertura comercial, la liberalización de mercados, la participación del sector privado en sectores claves de la economía, incluyendo los sociales, y la política macroeconómica orientada a mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el discurso y la práctica de «crecimiento con equidad» pusieron énfasis en las políticas inclusivas y en una variedad de esfuerzos e instrumentos de política, con los cuales el país logró consolidar su desempeño y bienestar social como uno de los mejores de la región (Banco Mundial, 2015). Los principios orientadores se ilustran en las primeras acciones de política económicas de la Concertación (Delamaza 2012; Raczynski & Serrano, 2005; Raczynski, 1998; Celedón & Oyarzo, 1998; Arellano, 2014; MIDEPLAN, 1999): Política macroeconómica responsable, capaz de generar sosteniblemente recursos fiscales para el gasto social. Entre las primeras medidas, se negoció un acuerdo político para una reforma tributaria que elevó la recaudación (casi en tres puntos porcentuales del PBI) para cumplir con el programa social. Reconocimiento del mercado como el principal asignador de recursos, y del papel esencial del Estado (más no subsidiario). Inversión social, empezando por la recuperación de la infraestructura y de las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de sectores sociales universales. 141
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