El discurso inicial de la Concertación y sus propuestas programáticas tuvieron como pilares, además de la promesa de restauración de la institucionalidad y de la plena vigencia de los derechos humanos, críticas de fondo a las políticas económicas del régimen militar. Sobre esto último destacan cuestionamientos: al sesgo regresivo de la política económica y el consiguiente aumento de la desigualdad y los altos niveles de pobreza, que favoreció a sectores de altos ingresos en desmedro del resto de la población118; a las limitaciones del enfoque subsidiario del Estado para dar cuenta de las fallas de los mercados y de los problemas de equidad; al deterioro de la cobertura y calidad de los principales servicios públicos. La crisis de la deuda externa de 1982 derivó en políticas de ajuste que aumentaron el descontento social y la protesta política119 (Raczynski & Serrano, 2005; De Gregorio & Landerretche, 1998; Raczynski, 1998; Celedón & Oyarzo, 1998). La dictadura contó con el concurso de economistas que extendieron la ideología neoliberal a las políticas en sectores sociales. Esto implicó la introducción de mecanismos de mercado y actores privados en la seguridad social (administradoras de fondos de pensiones), salud (seguros privados denominados ISAPRE) y educación (escuelas privadas beneficiarias de subsidios públicos a la demanda). En la organización de los servicios públicos de salud y educación se avanzó en la descentralización de la provisión, que para algunos actores constituía el primer paso para su privatización definitiva (Beteta y otros, 1998; Beteta, 2004). Autores como Larrañaga (2015) consideran que el régimen militar asignó al estado de bienestar un papel residual, limitando el gasto en los más pobres y la redistribución a transferencias de bajo monto, asignando por tanto a los individuos la responsabilidad principal en el logro de su bienestar. El carácter dictatorial del régimen de los años ochenta y el descontento de la población ofrecieron a la Concertación la posibilidad de cohesionar a partidos de diferente radicalidad en su oposición a la política económica neoliberal120, pero también, restringieron su margen de acción reformadora después de la victoria electoral de 1989. Esto último, principalmente por el significativo poder que mantuvieron el general Pinochet y sus aliados — los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 permitieron al exdictador mantenerse ocho años como jefe del Ejército y otorgaron a sus partidarios sobre representación en el Legislativo y un significativo poder de veto, aun siendo perdedores en los procesos electorales de los años 140
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